viernes, 21 de noviembre de 2008

Se intensifica la erosión costera

Foto: En enero de 2005 se podía ver completa la caverna del Parque de Monte León, en Santa Cruz
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Es por el calentamiento global que, en algunos lugares, se suma al mal manejo urbanístico de los balnearios
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Ya no es la gota que horada la piedra, sino un mar que devora roca, playa y todo lo que encuentra a su paso.
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Es que los últimos registros muestran un incremento de la erosión costera en la Argentina.
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¿Algunos ejemplos?
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El sector bonaerense de Punta Piedras, a orillas del Río de la Plata, retrocedió unos 0,2 metros por año entre 1969 y 1990, y este valor se triplicó entre 1990 y 2002 hasta alcanzar los 0,7 metros por año aproximadamente.
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Otro tanto ocurrió en las cercanías de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Allí el desgaste fue de unos 0,2 metros por año entre 1927 y 1980, mientras que entre 1980 y el presente llega a 0,6 metros por año.
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"Diversos indicadores ponen en evidencia que el fenómeno erosivo está en aumento y que éste se hizo especialmente notable entre las décadas del 80 y el 90", asegura el geólogo Jorge Codignotto, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, tras estudiar la situación desde el delta del Paraná hasta Tierra del Fuego.
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Zonas bonaerenses como Punta Rasa, que desde 1892 hasta 1980 habían crecido 250 metros, pasaron a perder terreno a un promedio de 0,8 metros por año, según datos del investigador principal del Conicet.
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La lista de variaciones es extensa, pero los motivos similares.
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"El calentamiento global aumenta el nivel del mar por derretimiento de los hielos polares y dilatación del agua.
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Además genera un efecto dominó porque los ciclones se desplazan hacia el Sur y se incrementa la frecuencia de tormentas intensas en áreas costeras, lo que agrava la erosión.
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Por otra parte, en el sector de playas bonaerenses el mal manejo por urbanización empeora la situación", precisa el especialista, que integró el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) patrocinado por las Naciones Unidas, que mereció el Premio Nobel de la Paz 2007, y la Organización Meteorológica Mundial.
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Cualquier turista de Villa Gesell u otro balneario atlántico habrá observado tras una tormenta la canaleta que se forma en la playa.
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"Al haber construido las calles perpendiculares al mar, cuando llueve el agua va como una tromba hacia la costa y forma un canaletón que lleva de 7 a 9 toneladas de arena al mar, donde la corriente de la deriva la acarrea como una cinta transportadora.
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Esta situación se debe multiplicar por cada una de las calles", indica el investigador del Laboratorio de Geomorfología, Dinámica Costera y Ambiental de la Ciudad Universitaria.
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Este panorama empeoró por la destrucción de los médanos para facilitar el acceso a las playas o por razones comerciales.
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"La duna naturalmente filtra el agua de lluvia que limpió todas las zonas urbanas e impide que vaya a parar al mar sin tratamiento previo", agrega.
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En algunos sitios hace décadas tomaron medidas para evitar esta situación.
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"En Ostende -ejemplifica- se diseñaron las veredas muy anchas y verdes, y cada tanto muestran una depresión para acumular el agua de lluvia, que se infiltra en la tierra y de ese modo vuelve a formar el ciclo."
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Otro agravante son las construcciones indebidas en la playa.
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"La costa es una zona móvil.
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Cuando hay erosión, se lleva parte de la arena de debajo del médano y en la época de acumulación la repone.
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Pero cuando se hacen casas, las paredes generan más erosión, y luego el mar lo que se lleva es la vivienda", explica Codignotto.
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Cada uno quita su grano de arena y sólo se toma conciencia cuando los balnearios pierden su máximo atractivo turístico: las playas.
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"En Villa Gesell en treinta años han destruido la costa. Ahora pusieron un sistema antidunas, que si bien es mejor que lo que venían haciendo, resulta un paliativo, no es la solución", indica.
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Este es uno de los tantos casos que se encuentran en la zona.
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"Desde Punta Rasa hasta Mar del Plata, parte de la erosión se encuentra fundamentalmente potenciada por el incorrecto manejo territorial costero", subraya, sin pasar por alto el decreto 3202 del año 2006 que, a su criterio, puso algún límite a la ocupación costera bonaerense.
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"Es el primer estado argentino que legisla en este aspecto, pero el cuidado de la costa debería hacerse de modo integrado entre todas las provincias y municipios, porque la naturaleza no responde a límites políticos.
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Si se levanta un espigón en Mar del Plata, impide que llegue arena a Villa Gesell, es un fenómeno en cadena", advierte.
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La costa es un escenario movedizo, de transición entre agua y tierra.
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"La ocupación costera no debe hacerse como si fuera un lugar cualquiera, porque no lo es: cambia rápidamente y no en siglos, como equivocadamente se cree, sino en décadas.
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El delta del Paraná avanza a razón de 70 metros por año, la isla Martín García duplica su superficie cada 32 años y la zona bonaerense de Punta Indio retrocedió 70 metros en los últimos 70 años", subraya.
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El científico sugiere hacer un estudio del terreno antes de realizar proyectos urbanísticos para no tener que lamentar consecuencias funestas en el futuro.
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"El día de mañana se inundan ciertas áreas y dirán «qué fatalidad», cuando lo que no hubo fue planificación.
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Es un dislate que una persona medianamente informada sepa si hay agua en Marte y no conozca dónde está parado", concluye.
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Cecilia Draghi
Para LA NACION
La autora integra el Centro de Divulgación Científica
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

Mineras de Jujuy obligadas a asegurarse

Los titulares de más de 35 mil empresas del país que realizan actividades riesgosas para el entorno estarán obligadas a contratar seguros ambientales, según dispuso la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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De esta manera, Argentina se convierte en el primer país del mundo en establecer este tipo de obligaciones, que afectará desde papeleras artesanales hasta empresas mineras y petroleras, en montos que oscilan entre los 120 mil pesos y los 50 millones de pesos anuales.
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Para explicar los alcances y metodología de estas nuevas tasas, se realizó una rueda de prensa en la sede de la secretaría con la presencia del subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Sergio Chodos, y el subgerente de la Gerencia Técnica de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Carlos Croseto, entre otros.
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La Resolución 1398/08 permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente (ley 25.675), al permitir al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado, destrabando el último impedimento para la aplicación de esa norma.
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Según el artículo 22 de la Ley, “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”.
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“Asimismo -continúa el artículo-, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.
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Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría tomó la decisión política de resolver el problema planteado al determinar, en sendas resoluciones, aquellas actividades que se consideran riesgosas para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar el seguro.
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Asimismo, estableció la opción de autoasegurarse para que aquellos que lo prefieran, o bien aquellos que no puedan acceder a las pólizas de seguro ambiental, cumplan con lo fijado en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente respecto de las empresas con actividades riesgosas para el entorno.
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Además, se establecieron los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán “entidad suficiente” a la cobertura, como exige el mencionado artículo, y se creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales, como área de trabajo específico dentro de la secretaría.
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Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de una resolución conjunta entre la Secretaría y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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El objeto de las mismas fue el de garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados, y acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.
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El 26 de agosto último, la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primera póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.
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En España y la Unión Europea, actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010.
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Fuente: (Télam)

En los dos últimos años la basura electrónica creció un 25 % en Argentina

Actualmente hay un total de 100.000 toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso.
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Representa 2,5 kilos de aparatos viejos por persona, según un informe de la organización ecologista Greenpeace.

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Los datos difundidos por la organización ecologista Greenpeace muestran un crecimiento abrumador de la basura electrónica.
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En concreto, el basural pantagruélico que hoy duerme bajo los rellenos sanitarios del CEAMSE, en los más de 200 basurales a cielo abierto del Gran Buenos Aires, en las bauleras de los edificios y en los depósitos de las empresas, equivale a 12.504 toneladas de impresoras, 23.945 toneladas de computadoras y 1.229 toneladas de cajas registradoras y expendedoras de boletos.
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A esto hay que sumarle, además, 4.173 toneladas de teléfonos, celulares, calculadoras y cámaras digitales, según estimaciones recientes de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA).
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Otras 58 mil toneladas serían heladeras, freezers, cocinas eléctricas, lavarropas, aires acondicionados, reproductores de video, DVD, audio y televisores, según estimaciones de la consultora en medio ambiente, Ecogestionar.
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En el informe, la organización ambientalista denuncia que en la Argentina no hay un sistema de gestión ambiental para los residuos electrónicos ni existen leyes que regulen qué hacer, cómo desmontar, ni qué elementos reciclar.
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Por el momento sólo existe un par de proyectos de ley en el Senado de la Nación que aún no han sido tratados.
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"Es necesario un marco regulatorio de protección ambiental a nivel nacional y regular especialmente la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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De lo contrario seguirán siendo tratados como residuos domiciliarios comunes, con el consiguiente perjuicio ambiental", protestó el senador porteño Daniel Filmus, autor de uno de los dos proyectos de ley.
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En la actualidad los desechos de los equipos de alta complejidad son reciclados por un par de desmontadores que, a su vez, son abastecidos por los servicios técnicos de las marcas internacionales.
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Pero la mayoría de los aparatos que se tiran no quedan registrados en ningún lado.
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"Al no haber un inventario de lo que se está colocando en el mercado se produce una dispersión de aparatos sin ningún control.
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Además, muchos de los equipos que son colocados en el mercado, tarde o temprano quedan huérfanos de empresas que quiebran, se fusionan con otra empresa o se retiran del país", describió el director político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.
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Ante la falta de políticas regulatorias muchos de los equipos de informática y telecomunicaciones van a parar a los rellenos sanitarios o a los basurales clandestinos, con consecuencias graves para la gente y el medio ambiente.
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En contacto con la humedad algunos de los metales pesados que componen estos equipos (tales como plomo, bromo, mercurio, níquel, cadmio, fósforo), y que son cancerígenos, mutagenéticos (pueden generar mutaciones que pueden convertirse en tumores) o tan tóxicos que pueden conducir a la muerte, van infiltrando los suelos y contaminando las napas de las aguas.
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"En nuestro país muchos familias no tienen sistemas de agua potable y reciben el agua que beben de un pozo.
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Si el agua ha sido contaminada, beben agua con plomo, mercurio, cadmio, metales que no son naturales a ninguna ciudad del país. Muchos de estos contaminantes son de origen industrial pero otros corresponden al post-consumo.
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De tal forma que cuando cualquiera de nosotros tira un desecho electrónico contamina a otro argentino", se queja el socio gerente de Ecogestionar, Gustavo Protomastro.
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Otras veces los cables de las computadoras, celulares, impresoras, teléfonos y monitores son quemados sobre parrillas (como si fueran asado) por mujeres y varones de los sectores de más escasos recursos que, a cambio de trocar el cobre de los cables por dinero, arriesgan su vida con estos "asados de PVC".
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Con el calor de las brasas logran derretir el plástico y aislar el cobre a un costo de salud alto.
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"Una bocanada de ese cable quemándose es veneno puro, es fatal para la gente", puntualiza Villalonga.
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Aunque estas prácticas existen, Greenpeace advierte que los métodos utilizados por los sectores informales –"los cartoneros"-- aún no son un problema grave en el país.
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Aunque de expandirse estas metodologías más cantidad de gente podría sufrir las consecuencias.
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Sobre todo porque las ventas por unidades de estos productos crecieron mucho en los últimos años.
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Y aún en plena crisis finaciera internacional, el mercado de la telefonía móvil estima que en 2008 se habrán vendido 12 millones de celulares.
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Y el sector informático que este año se habrán comprado 1,3 millón de computadoras de escritorio y portátiles.
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"Ya de por sí los recuperadores informales, los "cartoneros", están sufriendo un riesgo sanitario manipulando basura en forma inadecuada.
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'Qué pasaría si recuperan basura electrónica que es altamente tóxica?", se pregunta Villalonga.
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Aunque la cantidad de toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos que están fuera de uso ya equivaldrían a 10 campos de juego de fútbol repletos de equipos, Greenpeace aclara que nuestro país está en un momento ideal para implementar la llamada "responsabilidad individual del productor".
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Un método de recuperación de residuos electrónicos que se apoya en la idea de que la mayoría de los impactos ambientales están predeterminados por el diseño de los productos.
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"La propuesta es implementar un sistema en donde el criterio de responsabilidad individual del productor sea la base de la legislación futura que rija qué hacer con la basura electrónica y eléctrica.
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Sólo la responsabilidad individual va a enseñar a las empresas a diseñar productos más fáciles de reciclar, con menor cantidad de contaminantes y mayor vida útil", puntualiza Villalonga. Otra de las propuestas de Greenpeace es implementar otro sistema pero colectivo: la responsabilidad extendida del productor.
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Un concepto de responsabilidad grupal que supone medidas como el pago sectorial de una tasa municipal a cambio de lo que las empresas de un sector han contaminado.
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Ninguno de estos sistemas, como medidas de gobierno, existen en el país. Aunque en la mayor parte de los países de la Unión Europea ya están en marcha.
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En la Argentina, sin embargo, Dell, HP, Motorola, Nokia, Epson y Sony-Ericsson ya cuentan con programas de devolución de equipos en distintas etapas de desarrollo.
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"Tal y como lo indica la legislación vigente hasta agosto de 2006 enviábamos los equipos a los rellenos sanitarios.
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Pero a partir de entonces, por voluntad corporativa, decidimos contratar a una empresa que le diera una mejor disposición final a nuestros productos", señaló el director de servicio y soporte técnico de Epson Argentina, Andrés Maccio. Comentó Maccio, además, que un sistema de "responsabilidad extendida del productor" supondría en el país "un costo en logística imposible de pagar.
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En Europa un camión va de un país a otro por 15 euros-
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Acá, por eso sería carísimo".
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Al día de hoy, Epson Argentina recibió certificados de gestión sustentable por 102 toneladas de impresoras y escaners.
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Motorola no envió sus equipos de telefonía móvil a los rellenos sanitarios, aunque la legislación lo admite.
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"Iniciamos hace tres años un programa responsable de reciclaje de los equipos.
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Lo implementamos en 73 países y este año decidimos anunciarlo en la Argentina.
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La idea es que los usuarios, en lugar de dejar el móvil en el cajón de su mesa de luz o de echarlo la basura, lo deposite en cualquiera de los buzones que están en nuestras sucursales", puntualizó el director de comunicaciones externas para América Latina de Motorola, Gustavo Wrobel.
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La solución que hasta ahora se conoce en el país para evitar la contaminación con estas sustancias son las plantas en las que se recuperan los componentes de los artefactos electrónicos.
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En la Argentina sólo hay dos chatarrerras electrónicas registradas en la Secretaría de Medio Ambiente, Silkers y Botrade capaces de producir certificados de gestión sustentable.
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La separación de algunos metales preciosos como el cobre, el estaño y el oro, los residuos se envían a Suecia ya que aquí no existe la tecnología para hacer ese trabajo.
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Una tonelada de plaquetas electrónicas supone 150 kilos de cobre, 20 kilos de estaño y 300 gramos de oro.
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Pilar Ferreyra
Clarin

La desertificación, una amenaza que crece en el mundo

Afecta ya el 41 por ciento de la superficie terrestre
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La desertificación avanza en el planeta y la Argentina no es la excepción.
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Este fenómeno provoca la degradación de la tierra y la consecuente pérdida de productividad.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd) define la desertificación como la degradación de los suelos que ocurre en zonas áridas, semiáridas, secas y semihúmedas. Representa el 41% de la superficie terrestre y alberga a 1/3 de la población mundial.
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Hay dos grandes factores que provocan la desertificación: el climático y el humano.
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El climático se debe a sequías prolongadas, precipitaciones que causan inundaciones o tormentas de arena que terminan erosionando el suelo.
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El factor humano tiene que ver con un uso no sostenible de la tierra.
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"La degradación de la tierra es la pérdida de productividad del ecosistema que no se puede recuperar si no reinvertimos en él.
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La degradación de la tierra ocurre en todos lados, incluso en las áreas húmedas", sostuvo Luc Gnacadja, secretario ejecutivo de la Unccd que visitó la Argentina y fue entrevistado por LA NACION.
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Gnacadja se refirió al Informe Global de Degradación de la Tierra que concluyó que, comparando con datos de 1981, hay actualmente un 24% adicional de superficie terrestre degradada.
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Dentro de ese 24%, el 78% está en áreas húmedas.
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"Hubo una degradación adicional que se está dando en zonas húmedas", subrayó.
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El informe agrega que en la Argentina, en el mismo período, se degradó el 32% del territorio, especialmente en la región pampeana.
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Y esto afecta el 33% de la población. Una conclusión más alentadora es que en un 15% del área afectada a nivel global se mejoró algo la productividad.
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Los suelos son un gran reservorio de carbono y su fertilidad tiene que ver con el carbono orgánico que contienen.
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"Desde mediados de 1900 creamos inconscientemente una civilización del carbono y terminamos degradando la atmósfera y los suelos", dijo Gnacadja.
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"Cuando la tierra se degrada, la superficie se agota y se pierde su capacidad de fijar el dióxido de carbono que se emite en la atmósfera", sostuvo el funcionario.
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El visitante destacó la necesidad de que la clase política ponga la degradación del suelo en la agenda global.
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"Si sólo nos focalizamos en la atmósfera, no vamos a lograr nada; tenemos que concentrarnos en ambas", comentó.
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El secretario habló de la necesidad de pago por servicios de ecosistema como sistema de recompensas y beneficios.
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Y explicó:
"Si alguien en algún lugar utiliza más allá de la capacidad que le corresponde, debe pagar de manera tal que no lo va a malgastar en el futuro".
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La visita
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Gnacadja estuvo en la Argentina para reunirse con responsables de políticas públicas y para tener un panorama de lo que sucede en el país.
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En Buenos Aires se reunió con el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, y con funcionarios de la Secretaría de Ambiente.
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"Cheppi entendió la necesidad de difundir el problema y usar la capacidad argentina no sólo acá, sino también a nivel regional", dijo Gnacadja y subrayó la necesidad de buscar metodologías para buscar carbono en el suelo.
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El funcionario viajó a Santiago del Estero para conocer un proyecto de recuperación de suelos y se reunió con el gobernador, Gerardo Zamora.
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"El proyecto es muy bueno, pero necesitan acelerarlo", señaló.
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Por último, Gnacadja se definió como un facilitador y aclaró que el propósito de su visita no era traer fondos, sino ver las políticas internas de lucha contra la desertificación
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Por Emilia Subiza
De la Redacción de LA NACION

Mal futuro para los pingüinos

SU POBLACION, EN PELIGRO
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foto : ANTARTICOS. LOS MAS VULNERABLES.
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El futuro para los pingüinos que viven en la península antártica no se presenta favorable.
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Un pronóstico de la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) anuncia que en las próximas décadas su población podría disminuir dramáticamente.
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A través de un estudio que combina los modelos climáticos con los más recientes hallazgos sobre ecología de poblaciones, se pudo observar que --si la temperatura global aumentase apenas 2 grados centígrados-- la colonia de pingüinos emperadores podría disminuir un 50 por ciento, y los de adelia, un 75 por ciento.
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Siempre en esa línea de pronósticos, se anticipa que esos 2 grados centígrados podrían alcanzarse en menos de 40 años, reduciendo la cobertura y el espesor del hielo marino.
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Ese panorama dificultaría, especialmente, la cría y la alimentación de gran parte de los pingüinos antárticos.
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Clarin

No más bolsas de plástico

El Senado bonaerense acaba de aprobar una ley que obliga a los comercios a cambiar las bolsas de polietileno, que hoy son entregadas para el transporte de mercaderías, por contenedores de material degradable o biodegradable que reduzcan el impacto en el ambiente.
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En el caso de los hipermercados, supermercados y minimercados de venta al por menor, el plazo para el reemplazo de las bolsas será de 12 meses, en tanto que los comercios más pequeños tendrán hasta 24 meses para hacerlo.
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La norma prevé además la aplicación de sanciones (multas y clausuras) para quienes, superado ese plazo, sigan entregando bolsas de polietileno a sus clientes.
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De esta manera se da un paso decisivo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para eliminar estos elementos nocivos del ambiente.
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Este cambio, en apariencia simple, representa una nueva mirada, imprescindible, sobre nuestras costumbres.
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No se trata sólo de eliminar una bolsa de polietileno; significa asumir que nuestros hábitos de consumo están afectando el planeta y es momento de cambiar.
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Se estima que sólo en la Argentina se desechan 150 bolsas por persona cada doce meses, lo cual equivale a varios miles de millones por año.
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En el mundo, se calcula que se utilizan más de 500.000 millones de estas bolsas, lo cual termina a menudo afectando gravemente la vida silvestre, sobre todo la fauna marina.
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Por eso, es loable el propósito de minimizar el impacto que provoca la abundancia de estas bolsas en los rellenos sanitarios, los cursos de agua, el mar y el paisaje, como consecuencia de su gran perdurabilidad, calculada en alrededor de 300 años.
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Sin embargo, también hay que reconocer que, en muchos casos, la aparición de estas pequeñas bolsas en cualquier sitio se debe a un sistema de manejo de residuos obsoleto y desaprensivo como son los basurales a cielo abierto (que también deberán desaparecer, según lo establece la ley de gestión de residuos sólidos de la provincia de Buenos Aires) y de una escasa cultura ciudadana que poco contribuye a la higiene del medio.
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A diferencia del proyecto original, que indicaba el material de envase biodegradable por utilizar, la ley no especifica ningún componente, para evitar beneficiar a un sector en particular.
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Es importante que los nuevos materiales efectivamente reduzcan el caudal de gases contaminantes que se generan durante el proceso productivo o que utilicen menos hidrocarburos.
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No sería sustentable que se intentara solucionar el tema de los residuos a costa de aumentar, por ejemplo, el efecto invernadero.
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La norma ha despertado resistencias, como todo cambio, pero su sanción debe implicar el compromiso férreo por parte de las autoridades de su aplicabilidad.
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En materia ambiental, es mucho peor una norma que no se aplica que la ausencia de regulaciones, porque la falta de efectiva vigencia incentiva un escaso compromiso de los ciudadanos por el entorno.
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La prohibición de fumar en lugares públicos es un ejemplo de un rotundo cambio de hábitos y de una verdadera comprensión y acatamiento por parte de la comunidad de sus fundamentos.
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Esta norma debe seguir el mismo rumbo.
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Es imperioso comprender que vivimos en un espacio limitado y que es necesario evitar la desmesurada cantidad de bolsas que cada año se acumulan en nuestro planeta.
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Sin duda, abandonar el uso de bolsas plásticas representará un esfuerzo para el conjunto de los habitantes, ya que constituye un hábito muy difundido, y la ventaja de dejar de usarlas puede no ser todavía tan evidente.
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Estos cambios necesariamente deben ser acompañados de un proceso de información adecuada y enmarcados en una política cuyo objetivo sea desalentar el uso del packaging innecesario en todos los productos que utilizamos.
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Se trata de una iniciativa que debe ser alentada e imitada porque promueve que todos los sectores de nuestra sociedad comencemos a sensibilizarnos con este tipo de acciones, que tienen por objetivo promover una actitud responsable frente al planeta y las generaciones futuras.
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Editorial La Nacion

lunes, 17 de noviembre de 2008

Crítico diagnóstico sobre contaminación de los ríos

Crítico diagnóstico sobre contaminación de los ríos.

Lo realizaron organizaciones ambientalistas.

Resolvieron impulsar una consulta popular.

El sistema Limay, Neuquén y Negro, así como el Nahuel Huapi, vienen sufriendo un proceso de polución constante.
El sistema Limay, Neuquén y Negro, así como el Nahuel Huapi, vienen sufriendo un proceso de polución constante

VIEDMA (AV)- La Asamblea General por la Sanidad de la Cuenca de los ríos Limay-Neuquén-Negro y Lago Nahuel Huapi resolvió aquí impulsar una iniciativa popular con el propósito de terminar con los problemas de polución.

La decisión se tomó durante un encuentro concretado en esta capital con la participación de la Asociación Ambientalista Rincón Limay de Plottier, la Asamblea de Vecinos de Cipolletti, la Asociación Civil de Ecología Social ACES de Rincón Balsa Las Perlas y los Vecinos Autoconvocados en Defensa de Bahía Serena y Costas Libres de Bariloche.

Inauguró la reunión el médico Alberto López, quién narró su experiencia del estado del río Negro con 22 viajes que hizo por su cauce. "Nosotros nos enorgullecíamos porque podíamos llenar la pava con agua para tomar mate".

Explicó cómo la instalación de las represas hidroenergéticas fue alterando no sólo el caudal del río, sino su color y su característica correntosa, y cómo esto, sumado a la contribución de los organofosforados, propició el desmedido crecimiento de las algas y la eutrofización del río.

Luego, vecinos de Cipolletti, entre ellos un técnico en planificación ambiental, comentaron los problemas que viven en su zona por el volcado de efluentes crudos a canales de desagüe que van directamente al río, el regado de sus calles con efluentes de una papelera y los constantes proyectos de continuar canalizando el río para crear nuevas zonas productivas.

Continuó la disertación la Asociación ACES, presentando los problemas propios de su región Balsa Las Perlas, un paraje ubicado a orillas del Limay que está siendo afectado por los proyectos turísticos e inmobiliarios de barrios cerrados, dudosos loteos e imposibilidad de acceso al río.

Sumaron a esto el deficiente servicio de agua potable que poseen los 7.000 habitantes del lugar, donde ARSA provee agua a sólo 174 viviendas, mientras el resto de la población se ve obligada a contratar empresas sin control alguno.

Por su parte, Bariloche presentó una lámina de su "Mapa de la Verdad" y detalló también los problemas causados por la ineficiencia e insuficiencia de la Planta Depuradora Cloacal, las manchas observadas en el lago Nahuel Huapi y la instalación de un caño emisario a la altura de Playa Bonita, afectando no sólo al balneario, sino a la toma de agua potable que se encuentra en el mismo sitio.

Agregaron datos sobre los químicos pesados de los laboratorios del INVAP (situado en la margen del Lago) y del Centro Atómico, la concesión a Repsol para la explotación hidrocarburífera en la zona de Ñirihuau (a 25 kilómetros de Bariloche) y la explotación de oro a cielo abierto en Pichi Leufú.

Por último, Rincón Limay de Plottier remarcó que la reserva ecológica Rincón Limay "se ha convertido en una cantera" al tiempo que se exponían fotos del antes-verde y el después-árido de la zona. Plottier es una ciudad yacimiento": hacia Senillosa se despliegan los yacimientos de gas "Aguada de Cajón", mientras que hacia Neuquén el yacimiento petrolero "Centenario" de la empresa Pluspetrol. Se han encontrado sustancias hidrocarburíferas en las napas de toma de agua de una escuela, produciendo que el Estado deba proveer agua embotellada a los chicos y docentes para el consumo.

También tienen problemas con su planta depuradora cloacal y los constantes proyectos de barrios cerrados que no sólo agregan efluentes contaminantes que van directamente al río, sino que cierran impunemente el acceso a sus costas.

Para finalizar este cuadro de situación la Asamblea de Viedma Patagones, mostró las diferentes fuentes de contaminación: la planta de tratamiento de efluentes cloacales que desde noviembre del año pasado tira líquidos crudos por el colapso de la misma (aclarando que en estos efluentes se cuentan desechos orgánicos pero también de las industrias urbanas, de las cuales no hay registro apropiado) y los agroquímicos sin control que se utilizan en las chacras del IDEVI.

Se recibieron informes y adhesiones de Luis Beltrán, la Fundación ECOSUR, el grupo Tierras de Cipolletti, la red Alerta Angostura, y la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina.

En una conclusión general, todos coincidieron en que la cantidad de embalses y proyectos de futuras presas y plataformas productivas continuarán modificando el estado natural del río, con su consecuente contaminación. Junto con el proyecto de iniciativa popular se discutió la posibilidad de presentar nuevos amparos judiciales en forma individual.

Lunes 17 de Noviembre de 2008

http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/11/17/122688610285.php

sábado, 15 de noviembre de 2008

EL 75% DE LA RESERVA HÍDRICA

Cristina vetó la ley de protección de los glaciares

Con un decreto, dejó sin efecto la norma que prohíbe actividades mineras o petroleras en los hielos.

En el texto del veto, la Presidenta sostiene que la prohibición puede "afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas". (DYN)

Si hay algo que Cristina Fernández de Kirchner disfruta cada vez que viaja a El Calafate es apreciar el Glaciar Perito Moreno. La mayoría de sus fines de semana los pasa recluida allí, con su marido. "Junto con las Cataratas de Iguazú, son los dos atractivos más importantes de la Argentina, hay que cuidarlos", se la escuchó decir hace unos días en Misiones. Sin embargo, cuando los compromisos apremian, el placer queda de lado. En una maniobra casi inesperada, la Presidenta decidió esta semana vetar la ley 26.418 de protección de los glaciares que el Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.

A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. Para dar un ejemplo, el Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros de longitud y más de sesenta metros de alto, una superficie similar a la de Capital Federal.

La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.

Sobre este tema, el geólogo Jorge Rabassa, experto del laboratorio de Geología del Cuaternario del Caddic-Ushuaia e investigador del Conicet, le explicó a Críticadigital que el veto "parece estar hecho a medida de las mineras. En especial las que extraen oro de los glaciares de alta montaña como Barrick Gold. Estas explotaciones traen contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riego es primordial como Mendoza, La Rioja y San Juan".

En ese sentido, Barrick Gold tiene dos proyectos millonarios para la extracción de oro de la Cordillera de Los Andes. Se trata de las excavaciones de Pascua Lama, compartida por San Juan y Chile, y en Famatina, La Rioja.

Según el texto del decreto-veto, la Secretaria de Minería dependiente del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, entiende que una ley Nacional "no puede fijar prohibiciones absolutas, sino establecer parámetros mínimos que las provincias cumplirán pudiendo determinar mayor rigidez aún, de acuerdo a su especial situación ambiental".

LOS FUNDAMENTOS DE LA LEY. La ex diputada Marta Maffei es la autora de la ley que Cristina desechó. Con espíritu docente, Maffei impulsó la norma desde el Bloque del SI (ex miembros de la Coalición Cívica) y se lamenta por esa decisión ante Críticadigital. "El Gobierno tiene una actitud perversa y creó un modelo productivo depredador. Por un lado firma los tratados internacionales sobre ecología, pero en lo concreto no protegen los recursos naturales del país".

El decreto presidencial argumenta que la ley vetada "podría afectar el desarrollo económico de las provincias afectadas, por la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas".

Pero Maffei explicó a este medio que "en los últimos 20 años, Argentina pasó de tener 4 a 60 mineras. Esta ley no prohíbe la minería, sólo pone límites a la explotación del agua de los glaciares".
La inciativa para proteger a los glaciares, incluido el Perito Moreno y los otros 354 que pertencen al Parque Nacional Los Glaciares, había sido aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, por unanimidad en Diputados y con sólo 3 oposiciones en el Senado. Ahora volverá al Palacio Legislativo para su nuevo tratamiento.

domingo, 9 de noviembre de 2008

Sueño que asusta

Se­ñor Di­rec­tor:
"El 28 de octubre, en la premiación de un concurso arquitectónico, la Presidenta expresó: «Sueño con que la Reserva Ecológica de Costanera Sur deje de ser ese yuyal que es y se transforme en un gran pulmón verde como el Central Park, pero mucho mejor, porque está al lado del río».
"Señora Presidenta, le comento que la Reserva Ecológica es un espacio verde de 360 ha con características únicas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sus terrenos fueron ganados al río y rellenados artificialmente. Con los años se estableció espontáneamente una gran cantidad de especies vegetales típicas del Litoral y la ribera rioplatense, y fauna característica de las lagunas y bañados pampeanos. Es hábitat de al menos 250 especies de aves, variados mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. Está protegida como «Humedal de Importancia Internacional» en el marco de la Convención Ramsar, de la cual la Argentina es Estado Parte. La declaración de un humedal como Sitio Ramsar señala su importancia e implica un compromiso por parte del Estado de garantizar su preservación, mediante su uso sostenible en beneficio de la humanidad, resguardando las propiedades naturales del ecosistema.
"Señora Presidenta, su sueño asusta. Aunque no sorprende, ya que está en sintonía con la paupérrima gestión en materia ambiental de su gobierno."
Ana Di Pangracio
Abogada
DNI 28.231.864
"Realmente da miedo saber que este tipo de "personas" se encuentran en lo más alto del poder"
"Ojalá su sueño nunca se vuelva realidad"
GEA
Central Park - NY- EE.UU

VS

Costanera Sur BS.As (ARG)


VS
Central Park- NY-EE.UU

domingo, 2 de noviembre de 2008

ALERTA RÍO DE LA PLATA !!!!!!

Crece la contaminación en el Río de la Plata y podría afectar la potabilización del agua

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de San Martín revela que los residuos tóxicos arrojados al Arroyo Medrano por empresas textiles y metalúrgicas de la zona norte del conurbano bonaerense están afectando seriamente al río. La contaminación está a menos de 1.000 metros de las tomas de agua de la planta potabilizadora de la zona metropolitana.

Por: Por Karina Deschamps. De la redacción de Clarín.com

El RECORRIDO, I PARTE. "El Arroyo Medrano contamina permanentemente la zona norte del conurbano bonaerense", señaló uno de los integrantes del equipo de monitoreo. (Clarín.com)


PROCESO. Los alumnos y especialistas filtran el agua tomada de las muestras y la analizan. (Foto: Gentileza de Iván Mantero-UNSAM)

CONTAMINANTES. Los principales son textiles y colorantes de metalmecánicas y metalúrgicas, ubicadas en su mayoría en Tres de Febrero, San Martín y San Isidro. (Foto: Gentileza de Iván Mantero-UNSAM)


Un equipo integrado por 40 profesionales (biólogos, químicos y físicos) de la Universidad Nacional de San Martín encabezó la semana pasada un recorrido (ver video, I Parte) desde el Puerto de Olivos hacia la desembocadura del Arroyo Medrano en el Río de la Plata , con el propósito de determinar cuáles son los contaminantes presentes en el agua. Acompañados por alumnos de la Maestría en Gestión Ambiental del 3iA -Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM-, realizaron una campaña de muestreo en dieciocho estaciones de monitoreo para analizar la calidad del agua de la cuenca que contamina permanentemente la zona norte del conurbano bonaerense: Olivos, San Isidro y San Fernando.

Según informó Daniel Cicerone, coordinador del Taller Ambiental, toda el área metropolitana tiene las tomas de agua en la franja costera sur del Río de la Plata, por lo que cuanto mayor es el grado de contaminación en la zona, más dificultoso es el proceso de potabilización que debe realizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A ( AySA). "Los contaminantes están entre los 500 y 1.000 metros de las tomas de agua de la planta potabilizadora. Eso implica un sobrecosto que se refleja en los impuestos que paga la gente, porque la contaminación generada en la cuenca alta del Arroyo Medrano no solo afecta la biota del ecosistema en su desembocadura del Río de la Plata, sino que también deteriora a este último como fuente de agua para el consumo humano", afirmó.

Los principales contaminantes son textiles y colorantes de metalmecánicas y metalúrgicas, ubicadas en su mayoría en Tres de Febrero, San Martín y San Isidro. Lo más grave –sostiene Cicerone- son los residuos cloacales que, debido a las conexiones clandestinas y filtraciones que hay en los caños, se conectan con el Arroyo Medrano, que es el " tercer responsable de la contaminación del Río de la Plata" , luego del Riachuelo y el Luján Reconquista.

Durante casi dos meses, los alumnos llevaron a cabo las distintas actividades requeridas por el Plan de Muestreo, incluyendo la toma de muestra, el filtrado, la medición de pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, disco secchi, alcalinidad y dureza, nitrato, nitrito, amonio y fósforo, y los metales: hierro, cromo y cobre. (Ver video, II Parte).

De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio (Ver mapa), la calidad del agua del Río de la Plata disminuye hacia la desembocadura del Arroyo Medrano, conservando sólo el 50 % de su calidad habitual (en ausencia de contaminación). A su vez, los contaminantes del arroyo viran hacia el sur, ingresando en el Club Universitario Buenos Aires, que resultó ser el sitio de monitoreo con más baja calidad de agua (32 %). De acuerdo al informe, la disminución de la calidad puede atribuirse fundamentalmente a la presencia de amonio y nitrito, y algunos metales como cromo y cobre. "Estamos pagando indirectamente a través de los impuestos las consecuencias de la contaminación que nosotros mismos generamos", remarcó Cicerone.

http://www.clarin.com/diario/2008/11/01/um/m-01793133.htm