La republiqueta sojera: radiografía de un modelo violento (MU- diario de Lavaca)

La republiqueta sojera: radiografía de un modelo violento

Categoría: Notas

Tags: agronegocios, Grupo de Reflexión Rural, Latinoamérica, medio ambiente, Monsanto, soja, transgénicos

Repúblicas Unidas de la Soja es un libro editado por el Grupo de Reflexión Rural a finales de 2007, donde se describe el modelo y su inevitable crisis. Es un aporte fundamental para comprender a nuevos actores del poder económico, sus métodos y objetivos. “La soja no es un mero cultivo, es un sistema que condiciona cualquier política” advierte en la introducción Javiera Rulli, compiladora de los artículos que conforman el libro. Es, también, la que describe didácticamente los alcances de esta nueva forma de ocupación territorial, que condiciona las democracias latinoamericanas.

“Los agronegocios y las industrias extractivas constituyen el eje estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región sudamericana”, puntaliza Rulli. Ahora también sabemos que a esta lista hay que sumarle los conflictos políticos, que vuelven aun más urgente el llamado que la autora realiza: “Necesitamos hallar los elementos intelectuales que nos permitan visualizar y enfrentar esas nuevas situaciones neocoloniales, poder repensar las relaciones de la ciudad y el campo en épocas de globalización.” Para que así, es quizá útil y necesario identificar el problema en su real dimensión. Aquí, una síntesis y el libro completo, en formato pdf.

El sistema
La soja no es un mero cultivo, la soja es un sistema que condiciona cualquier política. El sistema de la soja es, por lo tanto, la cota ciega sobre la que transcurre la confrontación establecida entre progresismo y neoliberalismo, entre soberanía nacional y globalización, entre hallar el propio destino y la subordinación a un destino colonial. Este sistema se define por políticas agrarias diseñadas para un país, desde remotas oficinas que no pueden evitar -más allá de sus buenas o malas intenciones- la tragedia de que esas políticas desvirtúen las democracias de los países a los que van destinadas.

Las nuevas corporaciones
Los agronegocios son uno de los principales núcleos de poder de las corporaciones que dominan el Cono Sur. Dividen a la región en 3 modelos de monocultivos: producción de oleaginosas, árboles para celulosa, y caña para azúcar y etanol. Estas corporaciones comparten el territorio con las transnacionales mineras y petroleras. Actualmente, en la nueva era de la “Bioenergía”, estos diferentes sectores económicos se están fusionando para generar megaoligopolios. Así, desde el agro se está desarrollando una estrategia regional y un proyecto de integración corporativa. La dominación territorial se expresa a través de la expansión de los monocultivos y la culminación de las vías logísticas de escurrimiento hacia los puertos al exterior. Las actividades de los “agronegocios” y las industrias extractivas constituyen el eje estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región sudamericana.

Republiquetas sojeras
La soja es un monocultivo, que en la actualidad, se extiende por todo el Cono Sur desplazando a la población rural, devastando las áreas de bosques y pastizales y debilitando las bases de la producción alimentaria de cada país. Los países sojeros se convierten en meras republiquetas sojeras, donde la población se aglutina en las ciudades con planes asistenciales, dependientes de las regalías de la exportación de la soja.

Cultivo geopolítico
La soja es una planta que proviene de Asia, destinada a la alimentación humana después de un proceso de fermentación (tofu). Sin embargo, desde el comienzo de la revolución verde, el cultivo de la soja pasa a ser forraje, y sustituto de las proteínas en la dieta humana, además de ser utilizado como parte de una estrategia geopolítica de ocupación del territorio.

Breve historia de la invasión
En Sudamérica, este cultivo empezó como leguminosa con el fin de enriquecer la tierra con nitrógeno para ser implementada en el ciclo de rotación de cultivos, pero se convirtió paulatinamente en la gran estrella de la monocultura del modelo agroexportador. La soja se extiende desde los ‘60 en Brasil, Argentina y Paraguay. En Argentina, se expande masivamente en los años 80, acabando con el sistema de rotación entre ganadería y agricultura, instalando la agricultura permanente. A mediados de los 90 el modelo de la soja trasciende a una nueva fase con la incorporación de la biotecnología y el gran evento: la soja resistente al herbicida Roundup, creada por la Monsanto. Este fenómeno gatilla un crecimiento exponencial de la superficie destinada al monocultivo gracias a los bajos costos de producción y las altas tasas de ganancia. En Argentina, en el último ciclo 2006/2007 se obtuvo un volumen récord de cosecha de 47,5 millones de toneladas, alcanzando 16 millones de has cultivadas, lo que representa más del 50 % de la superficie agrícola.

El nuevo modelo
Para entender el modelo de la soja, se debe aclarar que ya no estamos hablando de una agricultura tradicional que emplea escalas moderadas de superficie, abastece al mercado nacional y es una fuente de trabajo. Este modelo supone una agricultura sin agricultores, una agroindustria que consiste en la commoditizacion y primarización de la producción agrícola e implica la industrialización y el empoderamiento del sector por los agronegocios y la (re)estructuración de la dinámica productiva local/ regional. Finalmente, no se puede ignorar que el modelo agroexportador de la soja es una consecuencia inherente de los procesos de integración y globalización económica. Desde las dictaduras de los años 70 en el Cono Sur, se reordenaron los poderes económicos en el territorio, para que posteriormente, en democracia, las instituciones financieras internacionales pudieran diseñar programas económicos con objetivos geopolíticos. En la actualidad, las instituciones financieras y la banca internacional inyectan y especulan con los capitales desde sus diversas caras. Por un lado, la banca multilateral financia la construcción de la infraestructura que soporte al modelo agroexportador -tales como la hidrovía y todo el complejo del IIRSA, que consiste en autopistas, ductos, telecomunicación, puertos, etc.- y que finalmente se traducirá en mayores niveles de deuda externa. Por otra parte, las caras privadas de las instituciones financieras internacionales y la banca privada se dedican a inyectar dinero al sector industrial y de agronegocios promoviendo la expansión de la frontera agropecuaria. En la zafra del 2003/04 cuando los monocultivos de soja se extendían por 14,2 millones de ha, el 60% de la tierra estaba en manos de pooles de siembra o empresas similares.

Cómo funciona
El modelo de la soja consiste en un paquete biotecnológico compuesto por la semilla trangénica de soja RR (Roundup Ready), plaguicidas - principalmente los herbicidas a base de glifosato- y la técnica de siembra directa. Este paquete es indivisible, dado que estos 3 componentes son los que permiten la industrialización de la agricultura, la implementación de grandes superficies de monocultivos y la ventaja de mínima mano de obra. Se trata de una agricultura sin agricultores. En la Argentina actual, con tecnología de punta, para 1000 has solo se requieren 2 personas trabajando por año. Pero la necesidad de poseer capital, recursos económicos para poder adquirir insumos y solventar la maquinaria necesaria, hacen que la soja se vuelva sólo rentable a grandes escalas y esto genera un proceso violento en el que va desapareciendo el pequeño productor. El productor remanente se convierte en un personaje dependiente de pagar los créditos adquiridos y vive calculando lo que necesitará en insumos hasta la cosecha; depende pues completamente de los créditos y los adelantos que le otorgan los silos y las financieras. Es una carrera contra el tiempo para que este productor mediano desaparezca. La lógica subyace siempre en la obligación de expandirse continuamente para poder mantenerse competitivo.

La cara visible
Con el modelo de la soja se inauguran nuevos grupos económicos; la agricultura se vuelve un de los grupos inversionistas especulativos, tales como el grupo Los Grobo de la familia Grobocopatel en Argentina y el Grupo Favero S. A. en Paraguay. Estas son las caras más visibles, los llamados “reyes de la soja, de grandes grupos inversores que alquilan tierras en múltiples lugares, y ni siquiera recurren a comprar los terrenos porque sus proyecciones son “máximo rendimiento a corto plazo”, una especie de maquila agrícola. Según Grobocopatel él se considera el Sin Tierra más grande del mundo y plantea que la biotecnología ha democratizado la agricultura, porque ahora todos pueden dedicarse a la agricultura, solo se requiere tener capital. Así también se da la entrada masiva de capital extranjero, en Argentina el fenómeno de extranjerización de la tierra afecta el 17% de la superficie. También se produce este mismo fenómeno de forma oculta cuando se establecen empresas manejadas por locales, pero con capital extranjero.

La cara oculta
Detrás de la soja, uno encuentra grupos anónimos de inversiones donde especulan con fondos de pensión, participan grupos de inversores que combinan los sectores de comunicación, ganadería y otros. Así se conforman los “pooles de siembra” donde se integran contratistas rurales, empresas de agroquímicos, inversores (nacionales y extranjeros) para llevar a cabo producción agropecuaria. Estos grupos de inversión son los actores más violentos en la penetración de las nuevas áreas. Se trata más bien de mercenarios empresariales con manejos de matones, una especie de “Chicago boys” mezclado con estilos de la “pesada” de la dictadura. Estos personajes, por apropiarse del terreno, en muchos casos no ponen límites en cuanto a la corrupción, violencia y destrucción ambiental. Este sector es la punta de lanza asociada con los silos transnacionales.

Los gigantes de la exportación
La soja es exportada finalmente por unos pocos actores económicos. El mercado internacional está regido por un puñado de Corporaciones de las grandes graneleras -Cargill, ADM y Bunge - se han repartido el territorio del Cono Sur. Los protagonistas de este sector son las corporaciones de cerealeras que actúan como “gigantes invisibles” que controlan todo el mercado alimentario. La integración vertical de estas corporaciones les permite dirigir íntegramente el desarrollo de la agricultura a través del control total de los productores, convirtiendo a éstos en meros eslabones de una cadena de producción industrial. Con el surgimiento del mercado de agrocombustibles, el futuro de la producción agrícola se torna aún más lúgubre.

El desafío
Los agronegocios ocupan el territorio y condenan a la población a migrar, sea a la pobreza de los márgenes de las ciudades o a los trabajos precarios. Necesitamos hallar los elementos intelectuales que nos permitan visualizar y enfrentar esas nuevas situaciones neocoloniales, poder repensar las relaciones de la ciudad y el campo en épocas de globalización. En este marco de violencia no hay mesa de diálogo posible, ni responsabilidad social empresarial, que solo pretende mitigar los impactos y desarrollar políticas asistencialistas.

Repúblicas unidas de la soja
editado por el Grupo de Reflexión Rural
Compilación a cargo de Javiera Rulli

El libro completo:

• La expansión de la soja en Latinoamérica por Javiera Rulli
• Soja, del besar a tragar el sapo por Sebastião Pinheiro
• Monocultivos y Monocultura: La pérdida de la Soberanía Alimentaria por Jorge Eduardo Rulli, Adolfo Boy
• Soya transgénica en la ayuda alimentaria por Elizabeth Bravo
• Perspectivas futuras del Agronegocio de la soja: Biodiesel, el nuevo mercado por Stella Semino
• La ruta de la soja en el Noroeste Argentino por Oscar Delgado
• Pueblos fumigados en Argentina por Lilian Joensen
• Los refugiados del modelo agroexportador. Impactos del monocultivo de soja en comunidades campesinas paraguayas por Javiera Rulli
• La paramilitarización del campo con la expansión de la soja por Javiera Rulli
• Soya en Bolivia: Producción de oleaginosas y dependencia por Georgina Catacora
• Soja tour: yo me bajo, ¿y tú? por Álvaro Porro
• ¿Qué hacer? Otra agricultura para construir soberanía alimentaria y territorial por Reto Sonderegger
• Anexos

publicada 17/06/2008

Ciencias Naturales

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 18 de Mayo

Glifosato: recopilan casos de malformaciones

Investigadores de la UNL evidencian los efectos que produce el glifosato, el agroquímico protagonista del modelo sojero, entre ellos problemas respiratorios, daños al sistema nervioso central y destrucción de glóbulos rojos en humanos, y la muerte de las células nerviosas que la cipermetrina, insecticida de amplio uso en nuestro país, provoca en los anfibios, una de las especies expuestas a riesgo ecológico. Próximamente también publicarán el primer trabajo en Sudamérica sobre malformaciones en ecosistemas agrarios.

Radiografías dorsales de los miembros posteriores de Leptodactylus mystacinus, mostrando la extremidad posterior normal (A) y anormal (B).

Nuevamente se disparó el acalorado debate sobre los agroquímicos, en especial el glifosato, y sus efectos en la salud humana. La difusión de informes que relacionan la actividad rural con una mayor incidencia de cánceres y malformaciones; la disputa que incluye tanto la legislación vigente como su efectivo cumplimiento, o no; sumado al fantasma del dengue y la demanda social de fumigar para controlar la enfermedad son todos factores que contribuyen a que hoy los plaguicidas estén en el ojo de la tormenta. En este sentido, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral realizan evaluaciones de los efectos provocados en los ecosistemas relativas a la incidencia de agroquímicos tóxicos. El glifosato es el herbicida que posibilita el modelo de producción sojero actual por su capacidad de eliminar todas las malezas. La pregunta es ¿a qué precio? Aunque técnicamente es un ácido, se usa comúnmente en forma de sales. Su nombre comercial más conocido es el Roundup, del que existen varias formulaciones que se caracterizan por contener ciertos productos químicos tóxicos que reducen la tensión superficial de los líquidos, favoreciendo su disolución en agua, llamados “surfactantes”. Investigaciones advirtieron que el surfactante POEA causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos. La principal molécula en la degradación del glifosato en ambientes terrestres es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), también tóxico. “Hace ocho años hicimos uno de los primeros estudios en Argentina sobre glifosato, que mostraba las malformaciones que podía producir sobre anfibios anuros -como los sapos y las ranas- y algunos problemas en el sistema branquial, al actuar sobre el esqueleto en formación de estos animales”, detalló a InfoUniversidades el doctor Rafael Lajmanovich, docente e investigador de la UNL y el Conicet. Además, el glifosato puede contener cierto tipo de compuestos -N-nitroso- que son cancerígenos. También pueden formarse en el ambiente cuando el herbicida se combina con nitratos, que son parte esencial de los abonos. El compuesto químico formaldehído, que disuelto en agua es más conocido como “formol”, también es cancerígeno y resulta producto de la descomposición del glifosato. La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) encontró que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado pueden causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos en el sistema reproductivo humano. Las investigaciones también analizaron los efectos de insecticidas de uso muy difundido en Argentina como la cipermetrina, que es de amplio espectro. Entre otras aplicaciones se emplea para controlar moscas y produce efectos tóxicos en mamíferos y el endosulfán, un organoclorado que fue prohibido en más de 50 países por su toxicidad. “Los anfibios expuestos a estas sustancias sufrieron apoptosis, es decir, muerte de células nerviosas, y daños en el material genético -genotoxicidad- en células sanguíneas, respectivamente”, indicó el investigador. Algunos compuestos con fósforo también son investigados en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL). “Estamos trabajando con algunas enzimas que son indicadoras y cuantifican la exposición a agroquímicos fosforados. En este caso estamos hallando distintas evidencias a nivel de campo, porque encontramos animales cuyas enzimas están inhibidas. Esto indicaría que pueden estar potencialmente expuestos a plaguicidas fosforados”, continuó. Dentro de esta misma línea de trabajo, que surgió hace unos 15 años, los expertos reúnen información referida a malformaciones en ecosistemas agrícolas con el fin de publicar una recopilación al respecto, que se convertiría en la primera en Sudamérica. Monitoreo ambiental Los anfibios son indicadores ambientales muy sensibles, que están expuestos a diferentes tipos de sustancias. “Son animales que están en riesgo ecológico, lo que quiere decir que tienen alta probabilidad de ponerse en contacto con sustancias químicas porque habitan en pequeños cuerpos de agua asociados o inmersos en sistemas agrícolas”, señaló Lajmanovich. A su vez, el investigador aclaró que el trabajo no se trata sólo de evaluar el efecto que se puede llegar a obtener desde un ensayo de laboratorio, sino que después "hay que tratar de buscar un correlato de ese efecto supuesto que uno logra en el laboratorio con una situación real a campo, eso es mucho más difícil”. Lo que se encuentra en el trabajo de campo es algún tipo de evidencia, pero es muy difícil relacionarla con un efecto de un agroquímico en particular. “Lo que uno hace en el laboratorio es una simulación, para poder tener un modelo de estudio de cuál sería el efecto que se produce”, aclaró. En el ambiente hay una conjunción tanto de compuestos como de factores ambientales -como puede ser el pH, distintos niveles de nitrógeno y otros- que hacen al ecosistema en su conjunto. “Es aventurado extrapolar ensayos de laboratorio a situaciones reales de campo. Pero sí se debe, luego, interpretar cuáles son las tendencias, tanto poblacionales como de la comunidad en su conjunto”, afirmó. Los trabajos tuvieron lugar en la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El doctor Lajmanovich dirigió el grupo de investigadores de la UNL. Mientras que de la UNER participaron el doctor Víctor Casco y la doctora Fernanda Izaguirre. http://infouniversidades.siu.edu.ar/infouniversidades/listado/noticia.php?id=687

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-125322-2009-05-21.html

SANTIAGO DEL ESTERO

Por el uso de agroquímicos, nacen 100 bebés por año con malformaciones físicas

El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Juan Tula Peralta, reveló hoy que se producen más de 100 nacimientos de bebés por año con malformaciones relacionadas al uso de agroquímicos como el glifosato. Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia son el cáncer de piel e inconvenientes en las vías digestivas y respiratorias.

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Tula Peralta explicó a la prensa local que esos datos surgieron de una investigación que efectuaron sus colegas durante más de un año en el interior provincial. "En Santiago se producen más de un centenar de nacimientos con malformaciones al año por el uso de agroquímicos", aseveró el experto.

Sin embargo, aclaró que no es el único problema que afecta particularmente a los recién nacidos cuyos progenitores viven en zonas rurales, sino que tienen registrados unos 300 casos de personas vinculadas a la actividad productiva que presentan problemas de salud por manipular o haber sido rociados con agroquímicos.

La aplicación de glifosato, que es esencial para combatir las pestes en los cultivos de soja, se volvió común en la provincia debido al incesante incremento del área sembrada con esa oleaginosa.

Pero la denuncia pública tiene otro aspecto preocupante, que es la incidencia de los tóxicos en los menores de edad, dado que muchos de ellos colaboran con sus padres en las tareas rurales y a menudo se desempeñan como banderilleros, es decir, marcan con su presencia y banderas los lugares en los que las avionetas fumigadoras deben esparcir los herbicidas.

En ese sentido, Tula Peralta expuso su preocupación porque "como son chicos, no muestran de forma inmediata la sintomatología. Es un proceso que al cabo de unos años empieza a aparecer".

Asimismo, el ingeniero agrónomo recordó que anualmente se desechan entre 600 y 700 toneladas de envases plásticos que contenían los pesticidas, que al no tener un tratamiento como residuo peligroso, llegan a convertirse en potenciales contaminantes de suelos y del agua.

Fuente: Página 12

OTRO DESALOJO CON TOPADORA

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-125180-2009-05-19.html

http://orgazmika.blogspot.com/

LA PATOTA DE LA UCEP, CON APOYO POLICIAL, ARRASO CON UNA HUERTA COMUNITARIA

Otro desalojo con topadora

El predio, ubicado en Caballito, era un baldío hasta que fue recuperado por un grupo de jóvenes. Allí habían montado una huerta orgánica en la que participaban habitantes del barrio; con el argumento de “riesgo ambiental y sanitario”, fue desalojada de madrugada.

El predio de no más de 30 metros por 10, entre una calesita y la plaza Giordano Bruno, a la vera de las vías del ferrocarril Sarmiento, en Caballito, era la Huerta Orgázmika, un espacio en el que un grupo de jóvenes lograron, a través del cuidado de vegetales y producción de alimentos, recuperar un baldío y activar la participación comunitaria que surgió con el reverdecer de las agrupaciones vecinales en 2001. Luego de siete años y medio de vida, una patota de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), apoyada por tres grupos de Infantería y más de 20 efectivos de la Policía Federal, irrumpió a las cuatro de la madrugada, desalojó el lugar y arrasaron con todo a fuerza de topadora. El predio, que pertenece a la Onabe, fue desalojado por decreto, argumentando “riesgo ambiental y sanitario”: había una bañera con plantas acuáticas donde podían criarse mosquitos, argumentaron en el gobierno porteño.

Con el predio ya perdido, y luego de una asamblea sobre la calle Rojas, a la vera de las vías, los participantes del proyecto, junto a miembros de agrupaciones que se solidarizaron con el grupo y algunos vecinos, recorrieron las calles del barrio porteño para “canalizar la frustración” que les provocó la pérdida. Dejaron para hoy el análisis sobre los pasos y la posibilidad de rearmar la huerta orgánica comunitaria en otro lugar. “Es terrible. Ahora ya no hay nada que se pueda mostrar”, lamentó Héctor Mendizábal, uno de los jóvenes que conforma el núcleo del colectivo que sostenía la huerta. Es que, si bien un grupo de no más de diez jóvenes son los impulsores del proyecto, las puertas de huerta estaban abiertas para todos. “Cualquiera se acercaba y podía participar”, aseguró Mendizábal, respecto no sólo de los trabajos de mantenimiento de la huerta, compuesta por más de 100 especies vegetales, sino de los talleres de cocina, permacultura y plantas medicinales que allí tenían lugar de lunes a lunes. La mayoría del grupo permanente vive a dos cuadras del predio. Llegaron al lugar en pleno desalojo, alertados por una vecina. “La despertaron los ruidos de las topadoras. Claro, si tiraron todo abajo. No dejaron nada”, reflexionó Nitai Riveli, una de las chicas que fue amenazada e insultada por los policías que destruían la huerta frente a sus ojos. “Nos amenazaban con que nos iban a llevar presos y nos gritaron que no teníamos derecho a nada. A dos compañeros los golpearon”, agregó.

Según Riveli, “no presentaron ningún papel” donde figurara una orden de desalojo ni las razones de ese procedimiento. “Una cita con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y de la Defensoría del Pueblo para el jueves fue “la única respuesta e información que nos dieron. Al parecer, la Defensoría informó que la huerta era un foco de cría del mosquito que contagia el dengue, pero no nos explicaron del todo”, remarcó la joven.

Los jóvenes reconocieron entre el grupo de efectivos de las fuerzas de seguridad estatales al director general del CGP Nº 6, Marcelo Iambrich, con el que habían mantenido una reunión hace no más de 20 días: “Nos había dicho que no nos preocupemos. Que la atención estaba puesta sobre otra cosa y que no nos iban a sacar”, expresó Riveli. Desde octubre de 2008, un grupo de representantes de la Huerta Orgázmika venía manteniendo reuniones periódicas con él “en las que buscamos una solución al conflicto” que se inició con el intento de desalojo decretado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en septiembre de 2008. Esa orden no prosperó en ese momento por la presentación de un recurso de amparo. “En los últimos encuentros nos habían prometido que iban a regularizar la situación, que íbamos a poder quedarnos con el lugar”, destacó Mendizábal.

Nada de eso parece que va a ocurrir. Desde el gobierno porteño explicaron que el procedimiento se basó en “informes del Instituto Pasteur y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en los que se alerta sobre riesgo ambiental y sanitario del lugar, donde existe una letrina, un horno y dos bañeras que eran utilizadas al aire libre”. Riveli confirmó la existencia de “un horno de barro, un baño seco y una bañera donde vivían plantas acuáticas. Todo cuidado por nosotros”, agregó mientras se preguntó qué clase de peligro sanitario podían englobar esos elementos. Fuentes del gobierno porteño remarcaron que el operativo “está respaldado por un decreto que autoriza los desalojos administrativos”.

Unas 400 personas recorrieron unas 15 cuadras, bailaron al ritmo de los tambores en Rivadavia y Acoyte, mientras los pasajeros de los colectivos insultaban para adentro y algunos vecinos apoyaban desde la palabra. “Animo chicos. Ya les vamos a pasar a ellos con la topadora por encima”, alentó una mujer que cruzaba Acoyte. Cuando volvieron, los esperaban pancartas, plantines y pequeñas fogatas, para darles cobijo durante la noche, que pintaba larga. Los policías los miraban detrás de las vallas, aburridos.

Informe: Ailín Bullentini.

Metales pesados y otros contaminantes en la MIEL

INFORME COMPLETO: http://www.inti.gov.ar/productos/pdf/informe_miel.pdf

Sociedad

EL 75% CONTIENEN TÓXICOS

Las marcas de miel analizadas por el INTI

08:10 |

15.05.2009

Puskella, Mendoza. Presencia de: fenoles, mercurio
Rodriguez Acacio, Mendoza. Presencia de:residuos de antibióticos.
Amici, Buenos Aires. Inadecuada información al consumidor.
La Anónima, Río Negro. Presencia de: mercurio.
El Zángano, La Pampa. Presencia de: mercurio.
Endumel, Mendoza. Presencia de: mercurio.
Alma Pura Presencia de: mercurio.
Mallines de la Costa, Neuquén. Presencia de: mercurio.
Santa Lucía, Buenos Aires. Presencia de: mercurio, residuos de antibióticos.
Bioway, Buenos Aires. Presencia de: mercurio.
Reinadina, Mendoza. Presencia de: residuos de antibióticos.
La Huerta Familiar, San Juan. Presencia de: residuos de antibióticos.
La Rinconada, Chaco. Presencia de: mercurio.
Reina de la paz, San Luis. Presencia de: mercurio y residuos de antibióticos.

Otras mieles analizadas:
Trebolar, Santa Fe
Jumbo, Buenos Aires
Alvear del Campo, Santa Fe
Vea, Mendoza
Establecimiento apícola Río Negro, Río Negro
Carrefour, Río Negro
Estancia La Elisa, Buenos Aires
Aleluya, Buenos Aires
La Cooperativa, Santa Fe
Cabaña Santa Brígida, Córdoba
Establecimiento Los Monjes, Chaco
Kybalion, Córdoba
Sabatini, Mendoza
Miel de la pradera, Chaco
Colmenares Mata, Tucumán
Bell’s, Mendoza
Coto, Buenos Aires
Establecimiento apícola El Edén, Córdoba
Gala, Córdoba
Hijos de Roberto Roberti, No informa
Estancia Las Quinas, Buenos Aires
Miel de Monte, Chaco
Dulci Bella, Entre Ríos
Reina Miel, Entre Ríos
Valenti, Córdoba
Néctar del Sur, Río Negro
Ecoop miel pura, Neuquén
Gran Mamá, Buenos Aires
Sweet Nature, No informa

Tartagal y los desmontes indiscriminados. ¿Donde esta la ley de bosques?

LOS NOMBRES DEL ALUD

Los negocios entre el barro

Funcionarios del gobierno de Salta, incluyendo a hermanos del gobernador, son dueños de las empresas de desmontes. Bibiloni autorizó cifras récord.

Por J. Lanata 15.02.2009

“Cuando llueve, el terreno no tiene absorción porque faltan las raíces de los árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente. O sea, si el agua no es consumida por la vegetación, se inunda”.

Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional.

Del tártago sale el aceite de ricino, llamado en el mundo “castor oil” (aceite de castor). Hace cuatro mil años lo usaban los egipcios como planta medicinal o combustible para sus lámparas, y sus hojas parecen una estrella dibujada por Miró, de puntas juguetonas y alargadas. Purgante y combustible, el tártago también se utiliza en cosmética para alargar las pestañas. Esta planta rústica y llena de estrellas sabe sobrevivir: se adapta con facilidad a distintos ambientes y tiene una gran resistencia a la sequía. Pero no sobrevivió a Tartagal. En Tartagal ya casi no quedan tártagos, y el equilibrio se rompió como una rama seca. Esta población de 56 mil habitantes vive sobresaltada desde su fundación en 1924: fue entonces cuando se descubrió petróleo, el 25% del total de la cuenca del país y alrededor del 16% de la producción de gas. Tartagal vivió entonces la quimera del oro hasta 1992, cuando Menem privatizó YPF y el 90% de la población de la ciudad quedó desocupada. En 1999, y en 2002, y en 2003, la rabia llegó a la calle y la ciudad se convirtió en un polvorín.

En 2006 el agua llegó a apagar el fuego, y Tartagal se hundió en el barro. Ya habían sido taladas 609.323 hectáreas, y todos se golpearon el pecho y dijeron que había que parar. Pero el entonces gobernador Romero, en su último año de gestión, mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congresó, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (sí, veintitrés) veces la Capital Federal en un solo año. Muerte, grietas y barro después, la Presidenta reglamentó la Ley 26.331, sancionada el 28 de noviembre de 2007. El artículo 42 de la Ley de Bosques le otorga al Poder Ejecutivo noventa días para reglamentar la norma. Pasaron catorce meses hasta que Cristina se decidió a hacerlo. Ya era, claro, tarde. Pero el Gobierno insiste en que el hecho no debe vincularse con Tartagal.

NUNCA LO HICIMOS (NI VOLVEREMOS A HACERLO). Entre 2004 y 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para 2008 y tal vez ahora se frenen con la Ley de Bosques, que en Salta comenzó jugando en desventaja: pierde su partido 191 a 2, en el mejor de los casos. Si se analiza la distribución de permisos de desmonte según la zona, el departamento San Martín (al que pertenece Tartagal) está en segundo lugar en el ranking.

Secretaría de Ambiente de la Nación durante la gestión de Romina Picolotti revela que con Juan Manuel Urtubey en el poder, aliado K, se desmontaron en 2008 136.000 hectáreas, la mayor parte en el departamento San Martín, en Jujuy, Santiago del Estero y Chaco.

“La deforestación registrada –señala el informe fechado en noviembre– indica que se trata de uno de los procesos de transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país, siendo el avance de la frontera agrícola la causa principal (…) el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente para el monocultivo de soja”.

El segundo cuadro ilustra esa pérdida. Pocas tragedias han sido tan anunciadas como la de Tartagal: un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta en 2006, luego de la primera gran inundación, advertía sobre la inminencia de otras catástrofes. En su “Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia”, Claudio Cabral y Gloria Plaza aseguraban que en la cuenca alta “la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada”, favoreciendo la erosión. “La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita”, concluían Cabral y Plaza. El estudio fue elevado a la municipalidad de Tartagal.

–Las causas fundamentales del alud –comentó a este diario Osvaldo Canziani, doctor en Meteorología, miembro del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático, en referencia al último evento– son las lluvias intensas, características de la época del año, y el mal uso del suelo. La deforestación es un flagelo que tiene un conjunto de implicaciones graves, las que, directa o indirectamente, han contribuido a generar los desastres de Tartagal, la pampa húmeda y las inundaciones de Santa Fe en 2004 y Cañada de Gómez en 2000.

–¿Hay puntos en común entre este alud y la inundación de 2006 en Tartagal?

–No sólo los hay sino que la primera inundación ha agravado las consecuencias de ésta y las que seguirán debido a la exacerbación de los eventos extremos, entre los cuales no deben descuidarse las sequías proyectadas para el Noroeste argentino en este siglo XXI.

BUSINESS ARE BUSINESS.

En Salta muchos políticos juegan en el bosque: mientras se debatía en Buenos Aires la demorada Ley de Bosques, en Salta, en la diagonal de la escena, los hermanos del gobernador kirchnerista Urtubey crearon una empresa dedicada al desmonte. Facundo Norberto (46 años, director de la Agencia de Promoción de Salta, esto es, funcionario) y José Antonio Urtubey (34 años) crearon la firma JOFA, que tiene entre sus objetos sociales el de “explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras”.

Facundo ya tenía cierta experiencia en el área: a poco de asumir su hermano gobernador formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL. El senador justicialista Alfredo Olmedo llevó sus intereses al recinto: el bautizado Rey de la Soja presentó un proyecto de “ley de ordenamiento territorial” que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas. Olmedo tiene varias denuncias por desmonte irracional y fue favorecido por Romero con la entrega de 320 mil hectáreas de tierras fiscales. Para no ser menos, el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, es, según confirmó a Crítica de la Argentina el secretario general de la CTA Tartagal, Diego Alcoba, “propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región, y beneficiario directo de los desmontes masivos”. Leavy aparece desde 2001 ante la AFIP declarando que su actividad principal es la de “extracción de productos forestales de bosques cultivados”.

Los cruces entre política, soja y alud son inagotables: la familia Mochón, por ejemplo, desmontó 38.900 hectáreas y su “gestor” fue el ex diputado nacional, ex ministro de gobierno y conjuez de la Corte Suprema provincial Osvaldo Camisar. César Raúl Mochón es titular del Grupo Solanas y presidente de la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, y el desmonte se autorizó en tierras para ganadería en la Estancia Ezrah, del departamento Rivadavia. Aníbal Caro, ex secretario de Empleo de la gobernación hasta 2007, preside la empresa Desafío del Chaco junto a Ernesto Pablo Casal: obtuvieron autorización para talar 10.420 hectáreas.

El gobierno salteño autorizó también el desmonte de 1.670 hectáreas a la firma Los Dos Ríos SA en los alrededores de Orán, que abarca parte de la selva de los yungas, una zona declarada Reserva Mundial de Biósfera por la UNESCO. Los Dos Ríos es de Mario Ernesto Gerala y el síndico es Julio César Loetayf, dos veces diputado nacional y hoy ministro de Desarrollo Económico de Urtubey. Gerala es un encanto: el pasado 22 de septiembre fue denunciado por reducir a la esclavitud a dieciocho peones de la etnia toba en la finca Abra Grande. Armani Agropecuaria tiene, por lo menos, un nombre elegante: pertenece a Silvio y Bruno Armani (no confundir con Giorgio ni con Exchange) y figura como aportante a la campaña de Cristina con tres donaciones de 15.000 pesos cada una, el 19 de octubre de 2007.

“Quería compartir con el conjunto de la Secretaría el logro institucional materializado en la fecha”, comienza un mail enviado a toda su Secretaría por Homero Bibiloni a las 17.02 del 13 de febrero. “Hemos reparado una deuda ambiental”, prosigue el ahora secretario de Ambiente, reemplazante de Picolotti. Bibiloni, el conmovido funcionario, es el funcionario que autorizó la mayor tasa de desmonte como subsecretario de Atilio Savino. Aunque, como se sabe, todo es siempre fruto de la casualidad.

Investigación: J L / Jésica Bossi.

Glifosato...una historia que no termina.

El 11 de mayo, en el programa de radio Espejos Todavía, emisión del Proyecto de Resistencias Populares a la Recolonizació n del Contintente, fue entrevistado el prestigioso investigador de la UBA y el CONICET, Andrés Carrasco, quien durante los últimos días ha sido víctima de una campaña de desprestigio y amenazas, luego de que diera a conocer los resultados de una investigación sobre los efectos devastadores del glifosato (herbicida) utilizado en la siembra de soja. Andrés Carrasco es profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular, y una trayectoria de treinta años de investigación científica con reconocimiento internacional.La campaña de presiones en su contra, comenzó cuando hace unas semanas difundió a través del diario Página 12, en una entrevista realizada por Darío Aranda, los primeros resultados de los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, producido entre otros, por la multinacional “Monsanto” y que son comercializados bajo la marca “Roundup”.Los invitamos a escuchar y a difundir la entrevista, que se puede bajar libremente de la web de la Agencia Pulsar:

http://www.agenciap ulsar.org/ espejos.php

Espejos todavía. Un programa de radio producido en forma colectiva por el Proyecto de investigación y formación Resistencias Populares a la Recolonizació n del Continente. Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania

Espejos todavía se emite los días martes a las 17 horas (horario de Argentina/ GMT -3 h), por la radio comunitaria FM La Tribu de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Ver nota en www.pagina12.com.ar

El país | Miércoles, 13 de Mayo de 2009

El Comité Nacional de Etica en la Ciencia recomendó crear una comisión para evaluar los riesgos del herbicida de la soja

Marche un estudio urgente sobre el glifosato

El Comité de Etica del Ministerio de Ciencia recomendó la “urgente” creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del herbicida estrella en la industria de la soja. Deberán ser científicos sin vinculación con empresas agroindustriales.

El glifosato, fundamentalmente de la marca que produce Monsanto, es usado en la industria sojera.

El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.

Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones.
El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media.
“El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”.
El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”.
“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por Otilia Vainstok.
No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles no”.
Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las amenazas sufridas por el investigador.
Ahora, el Comité de Etica recomienda convocar a investigadores provenientes de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración:
- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas.
- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los efectos nocivos que produciría.
- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana.
- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o agroquímicos de uso masivo.
- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema.
El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del glifosato.

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El agro teme que se prohíba el glifosato

El conflicto con el Gobierno
El agro teme que se prohíba el glifosato
Es un herbicida clave para la soja; un informe del Conicet y la UBA dice que es contaminante

Martes 21 de abril de 2009 | Publicado en edición impresa
Fernando Bertello
LA NACION
Sensibilizados por cualquier nueva medida del Gobierno que pueda afectar al campo, productores y sectores vinculados con la provisión de insumos rechazaron la posibilidad de que se suspendiera el uso del glifosato, un herbicida clave para el avance de la producción de soja.
La semana pasada, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfán (insecticida). La entidad mencionó un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires sobre el supuesto trastorno para la salud humana que produce el glifosato.
En el agro se encendió la alarma. "Estamos ante una arremetida de fondo contra el sector", dijo una fuente de la industria de agroquímicos. "Sería demasiado disparatada la suspensión. Sería como que no se pudiera usar gasoil para los tractores", señaló Guillermo Cal, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Cal destacó que no hay estudios científicos serios en la Argentina y el mundo que invaliden el glifosato.
Junto con la soja transgénica y la siembra directa, en la que no se remueve la tierra para facilitar su conservación, el glifosato es una de las patas clave de producción de la oleaginosa. Es un principio activo herbicida cuyo objetivo es el control de las malezas que compiten o pueden llegar a competir con los cultivos por recursos vitales, como luz, agua y nutrientes. Registrado ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se usa en la Argentina desde hace 33 años. En el mundo son más de 140 países los que lo emplean. En la Argentina se venden unos 160 millones de litros por año en un mercado que factura más de US$ 600 millones. La multinacional Monsanto tiene cerca del 40% del mercado y compite con Atanor y otras que importan el producto.
Ayer, una fuente del Senasa dijo que se solicitó al laboratorio que hizo el estudio sobre el glifosato una copia del informe, pero "hasta ahora no lo mandaron". Otros actores del sector también lo pidieron, pero no lo consiguieron. Según Cal, de suspenderse el uso del glifosato "los rindes caerían no menos de un 30/40 por ciento". Santiago del Solar, productor, advirtió que ello llevaría a volver a labranzas con baja productividad y erosión. "Disminuiría la superficie", acotó el productor Arnolfo Calvo.
Mariano Aguilar, director ejecutivo de la entidad que se presentó ante la Corte, respondió: "No tenemos nada contra el campo; buscamos el desarrollo sustentable y que no se haga una suerte de indiscriminada contaminación. Consideramos que el glifosato es contaminante para la vida humana".
La soja transgénica, lejos de los cuarteles
La ministra de Defensa, Nilda Garré, prohibió a las Fuerzas Armadas cultivar soja transgénica en campos propios ubicados en zonas urbanas y suburbanas, así como en adyacencias de barrios e instalaciones residenciales militares, como, por ejemplo, Campo de Mayo. La resolución apunta a "la protección del medio ambiente y a la salud de las personas", según el comunicado oficial. Las Fuerzas Armadas producen soja y otros cultivos que venden en el mercado para obtener recursos que destinan a gastos operativos, como son los alimentos para la tropa y rodeos vacunos y equinos del Comando de Remonta y Veterinaria.

DENGUE Y PLAGUICIDAS

Acerca del dengue, algunos puntos para reflexionar.
En mayor o menor medida los medios de comunicación se han hecho eco de la epidemia[1] de dengue que asola a nuestro país. Ahora bien más allá de enumerar los casos por provincia y las consecuencias sobre la salud , las prácticas de eliminar focos de agua domiciliarios y sobre el avance de las fumigaciones poco se ahonda sobre las causas de este fenómeno y lo que es más importante sobre las consecuencias que las fumigaciones masivas pueden tener sobre la salud de las comunidades afectadas por el dengue y por las dichas pulverizaciones , la mayoría de las veces realizadas de manera desaprensiva, eso es sin tener en cuenta el entorno de donde se realizan.
1- ¿Cuáles pueden ser las causas de la expansión de la enfermedad?
Las causas son múltiples pero se relacionan entre sí. Como se sabe el progreso de la enfermedad tiene que ver con la expansión de las zonas de distribución y las posibilidades de supervivencia del mosquito Aedes aegypty, ambas se hallan relacionadas con el modelo agrícola vigente y el cambio climático, estas a su vez vinculadas entre sí.
Si bien es posible hablar de la multicausalidad de las enfermedades es indudable que el modelo productivo basado en el monocultivo de soja transgénica, la utilización de herbicidas, fungicidas e insecticidas posee su impacto en la tasa reproducción y supervivencia del vector.
En primer lugar la deforestación y quema de bosques y montes, para dedicar las tierras al cultivo de soja, ha determinado la migración de los mosquitos hacia otras zonas donde han encontrado condiciones óptimas para su supervivencia. En este caso también posee una notable influencia el cambio climático en especial la elevación de las temperaturas y el cambio en las condiciones de humedad.
Los huevos embrionarios pueden resistir temperaturas extremas manteniéndose viables entre 7 meses a un año (Almirón, W, 2006)[2].
Dado que en sí mismos los monocultivos son insustentables requieren la utilización creciente de insecticidas y herbicidas con los cual no solo impactan en la supervivencia de los insectos sino en la de sus enemigos naturales.
2- ¿Cómo se relaciona la utilización de plaguicidas con las condiciones de supervivencia del insecto?
Por un lado la utilización de plaguicidas en especial los insecticidas 2, 4 D y Glifosato y de insecticidas como el Endosulfan impactan en el desarrollo de los enemigos naturales de los mosquitos, en este caso sapos y peces que devoran tanto a larvas como a insectos adultos. Estos plaguicidas pueden impactar directamente como así también provocar alteraciones en su desarrollo embrionario [3]y en el sistema nervioso, alterando sus posibilidades de supervivencia. Incluso existen investigaciones sobre alteraciones en el sistema inmunológico de estos animales relacionada con el incremento en la concentración de plaguicidas en el agua de ríos, estanques y lagunas. En este caso esa alteración inmunológica los vuelve más vulnerables frente a bacteria y parásitos.
Un estudio realizado sobre cursos de agua en la provincia de Buenos Aires (Agostini, 2005)[4] se ha comprobado el impacto de las mezclas de plaguicidas sobre la supervivencia de anfibios. Especialmente son importantes los efectos sobre las etapas iníciales de la vida de estos organismos, estado larval. El impacto no letal puede tener consecuencias sobre las condiciones de crecimiento y desarrollo de estos organismos
Por otra parte el incremento en la frecuencia de aplicación como así también en las dosis de estos productos determina la aparición de resistencias genéticas. De esta manera cuantos más químicos se utilizan más resistencias adquieren los insectos. Resistencia que se transmite a las generaciones futuras del insecto. Dicha resistencia puede revestir una doble modalidad: a- la capacidad del insecto de detoxificar – romper, desdoblar- la molécula del plaguicida transformándolo en una sustancia menos peligrosa y b- la posibilidad de generar un exoesqueleto – protección externa de los insectos – más duro con lo cual es más difícil que el plaguicida penetre en el cuerpo. En ambos casos, y siguiendo la concepción darwiniana, de que los más aptos sobreviven, en unas pocas generaciones todos los mosquitos desarrollan resistencia. En esta situación las dosis normales del plaguicida se tornan ineficaces. Por lo generar el incremento en las dosis, el recambio por productos mas tóxicos e incluso el aumento en la frecuencia de aplicación; solo refuerzan el problema.
3- ¿La ampliación de la zona de distribución del mosquito se relaciona con el cambio climático?
Se puede afirmar que sí. El cambio climático que se manifiesta a partir de una elevación de la temperatura y de las condiciones de humedad han propiciado tanto la ampliación de la zona de distribución como el incremento del número de generaciones anuales del mosquito y por ende mejores condiciones para la expansión de la enfermedad. Ahora bien el cambio climático no ha ocurrido naturalmente o por azar, por el contrario se relaciona tanto con el incremento en las actividades industriales, los transportes, la quema de bosques que generan dióxido de carbono como con el descenso en la superficie cubierta por árboles, que absorben ese compuesto. De nuevo hallamos una relación entre el modelo de producción agrícola y la expansión de la enfermedad.
4- ¿Es efectiva la utilización de plaguicidas para disminuir las poblaciones de los mosquitos?
La experiencia demuestra que utilizados aisladamente no resuelven el problema. En primer lugar se debe tener en cuenta que las enfermedades transmitidas por vectores se hallan influidas por múltiples elementos y que centrar las estrategias de control en el ataque químico del vector resulta un enfoque restrictivo e ineficaz. Por lo contario se requiere tomar el problema de manera holística y sistémica incorporando elementos de orden social, geográfico, ambiental y cultural en las estrategias de manejo (Souza Casadinho, J. 2007)[5].
Los plaguicidas solo pueden acabar con las larvas o los adultos que son alcanzados en las aplicaciones, pero como ya fue mencionado los insectos pueden adquirir resistencias.
Además los mosquitos, aunque no se dispersan a grandes distancias, pueden alcanzar los 800 metros en sus vuelos (Almirón, W, 2006)[6]. En este caso los adultos que no alcanzados por los plaguicidas, pueden distribuirse en el ambiente.
5- ¿los plaguicidas utilizados poseen impacto en la salud de las personas?
Si. Aunque se los presente como de “bajo impacto”, “inocuos” “amigables con las personas“, los tóxicos utilizados pueden presentar impactos en la salud de la población alcanzada directamente o por vía indirecta a partir de la contaminación del agua, alimentos, ropa, etc.
En este caso se debe destacar que los plaguicidas son clasificados según su toxicidad específica - potencialidad de causar daño - en cinco categorías, desde los extremadamente peligrosos hasta los productos que “prácticamente no ofrecen peligro”. Muy pocas veces en su categorización se tienen en cuenta las condiciones sociales y ambientales de aplicación, las cuales pueden tornar muy peligroso a un producto clase IV (que normalmente no ofrece peligro) (Souza Casadinho, j. 2005).[7]
Se debe resaltar que en ocasiones las fumigaciones se realizan sin notificar a las comunidades afectadas con lo cual las mismas se hallan expuestas a las partículas del tóxico[8]. Además de contaminarse las fuentes de agua, estanques, aljibes, etc.
Los daños en la salud de los tóxicos utilizados en las campañas contra el dengue, en general plaguicidas que poseen clasificación química piretroide, pueden manifestarse rápidamente, síntomas agudos o por lo contario manifestarse mucho tiempo después de ocurrido el contacto , síntomas crónicos.
Ente los síntomas agudos se hallan; el hormigueo en los parpados y en los labios, irritación en los ojos y en las mucosas, estornudos, vómitos, escalofrió. Entre los síntomas crónicos se hallan, ampollas en la piel, inflamación en los pulmones, disrupción hormonal.[9][10][11]
6- ¿Existe una aplicación correcta o segura?
No. Aunque como en la aplicación de cualquier tecnología, se puede reducir el riesgo durante la aplicación, son tantas las variables que se deben tener en cuenta que el uso seguro es muy poco probable de llevar a la práctica. En los plaguicidas se da el caso de investigaciones sobre efectividad, seguridad de uso y aprobación en situaciones ideales – el laboratorio - para luego ser aplicados en situaciones reales , en las cuales las condiciones económicas - la presión del mercado- , las condiciones climáticas, el acceso a la información suelen influir en las verdaderas condiciones de uso.
Los plaguicidas se aplican sin un conocimiento adecuado de su peligrosidad, de apuro, con personas realizando tareas en las inmediaciones. La venta de productos fraccionados, la escasa información existente en los marbetes, la inexistencia de equipos de protección, la inexistencia de capacitación efectiva de quienes los aplican, resultan a las claras la mejor evidencia de que las condiciones de uso recomendadas no son llevadas a la práctica.

7- ¿Es conveniente fumigar el interior de los domicilios?
Es una técnica de control muy peligrosa dado que los plaguicidas pueden alcanzar la fuentes de agua, la ropa, los alimentos, las alacenas, las mesas, las sillas, etc., con lo cual pueden indirectamente alcanzar a las personas que las habitan. En este caso las partículas del plaguicida pueden quedar adheridas por un lapso de tiempo a diversos enseres domésticos causando problemas de salud a quienes ingieran, toquen o utilicen los elementos contaminados.
Además, como por lo general se utilizan dosis de aplicación más altas que las recomendadas, la peligrosidad en su utilización se incrementa (Souza Casadinho, Javier, 2005)[12].
8- ¿Cuál puede ser la estrategia para prevenir el dengue? ´
Resulta obvio que las condiciones de vivienda, infraestructura sanitaria y saneamiento ambiental constituyen factores de importancia en las condiciones de vida y reproducción de los insectos y por ende deben ser tenidos en cuenta en las estrategias de manejo. Respecto a los factores sociales hay que tener en cuenta las características de la población, sus hábitos, costumbres y niveles de organización.
Se debe tener en cuenta que cualquier medida puede resultar ineficaz si no se logra una reducción sustancial en las condiciones de pobreza junto a una evaluación continua y permanente tanto del proceso puesto en marcha como en el monitoreo de la enfermedad. Entre otras pueden encararse las siguientes medidas;
- Realización de monitoreos epidemiológicos con participación de la comunidad.
- Estratificación epidemiológica y clasificación en zonas de riesgo a las comunidades afectadas
- Drenar ríos y fuentes de acumulación de agua
- Entubamiento de fuentes de toma de agua y desagües.
- Mejoramiento en las condiciones de vivienda, en especial el aprovisionamiento de agua y la colocación de mosquiteros.
- Tapar pozos en calles y rutas
- Controlar y mejorar los sistemas de riego
- Incluir hongos y bacterias en la lucha biológica. Por ejemplo la utilización de bacterias como Bacillus thuringiensis para el control de las larvas de los mosquitos.
- Utilización de mosquiteros solos o impregnados con bajas dosis de plaguicidas.
- Evitar la utilización masiva de plaguicidas

Marcos Paz, abril de 2009


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[1] Cuando una enfermedad o evento relacionado con la salud, supera o excede la frecuencia usual en una población específica, en un lugar y en un período de tiempo determinado, se habla de epidemia o brote. Zulma Ortiz, y otros. - Modulo Nº 6 de epidemiología básica y vigilancia en salud. 2005. Ministerio de salud de la Nación. Bs As, Argentina
[2] Almiron, Walter y Rossi, Gustavo. 2005. Artrópodos de interés médico en Argentina. 2005. Capítulo 11 Mosquitos. Fundación Mundo Sano. Bs. As. Argentina.
[3] Ronco A. y otros. 2008. Integrated approach for the assessment of biotech soybean pesticide impact on low order stream ecosystems of the Pampasic region. En ecosystem Ecology Research Trends. Pp 209.239 Nova Science Publisherc. Inc.
[4] Agostini y otros. (2005) Efecto de la aplicación de pesticidas sobre larvas de anuros utilizando experimentos de campo. III Congreso de Limnología. Cal III. Chascomús. Sociedad Argentina de Limnología.
[5] Souza Casadinho, Javier. 2007. Los contaminantes orgánicos persistentes. Los plaguicidas clorados y sus alternativas. CETAAR- Secretaria de ambiente y desarrollo sustentable. Buenos Aires. Argentina.
[6] Almirón, Walter y Rossi, Gustavo. 2005. Artrópodos de interés médico en Argentina. 2005. Capítulo 11 Mosquitos. Fundación mundo sano. Bs. As. Argentina.
[7] Souza Casadinho, Javier. 2005. Los plaguicidas y los niños. CETAAR ediciones. Marcos paz. Argentina
[8] Tal como ocurrió en Quimilí, Santiago del Estero, el día 1 de abril de 2009.
[9] RAPAL. Revista Enlace nº 44- abril de 1999. Lima. Perú.
[10] Mujeres campesinas e indígenas. Por un trabajo decente y un mundo libre de plaguicidas.2006. RAPAL. Santiago de Chile.:
[11] Plaguicidas alteradores Endocrinos. Revista Enlace Nº 73. Santiago de Chile. Chile.
[12] [12] Souza Casadinho, Javier. 2005. Los plaguicidas y los niños. CETAAR ediciones. Marcos Paz. Argentin

Javier Souza Casadinho
RAPAL
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho
Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas de América Latina RAPAL
Pesticide Action Network PAN
Docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires FAUBA

Queridos amigos:

Cuando una persona es muerta a balazos, nuestras sociedades lo consideran un homicidio y persiguen al criminal. Pero cuando la persona cae víctima de una sustancia tóxica, las leyes no castigan del mismo modo a los responsables.

Condenamos enérgicamente a quienes torturan a sus adversarios políticos, pero no actuamos de la misma forma ante quienes someten a los mismos sufrimientos a sus clientes. Me refiero, por supuesto, a las empresas de tabaco. Los que hemos acompañado a un enfermo terminal de cáncer sabemos que su dolor equivale al de quien ha sufrido tormentos, pero sus victimarios cotizan en la Bolsa.

De este modo, aceptamos que el derecho a un ambiente sano forma parte del amplio campo de los derechos humanos, pero nuestras sociedades están haciendo muy poco para que podamos ejercerlo.

Recordemos que hay numerosas convenciones internacionales referidas a los derechos humanos, desde la que condena la tortura hasta la que protege la niñez, pero la cuestión ambiental sólo hay convenciones referidas a recursos naturales. No hay ninguna que diga que la gente tiene derecho a beber agua limpia y a respirar aire puro, por ejemplo.

De estos temas hablamos en un reportaje que me hizo Fabián Bosoer, en el que pasamos revista a algunas de las mayores urgencias en materia de política ambiental.

En esta entrega ustedes reciben:

· La reciente entrevista que me hizo Fabián Bosoer y publicó en el diario Clarín, de Buenos Aires.

· El recordatorio de mis libros "Historia Ecológica de Iberoamérica", tomos I y II.

· El anuncio de nuestro próximo curso de Derecho Ambiental.

· La obra de arte que acompaña esta entrega es un retrato del científico Alexander von Humboldt, pintado por Friedrich Georg Weitsch en 1806, mientras clasificaba algunas plantas americanas. Las ideas de Humboldt de integrar la conservación de los recursos naturales con la protección de los sectores sociales menos favorecidos fueron seguidas por algunos de nuestros mayores próceres, como el Libertador Simón Bolívar, Manuel Belgrano y José Gervasio Artigas. Aún no han sido llevadas a la práctica.

Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky.

ANTONIO ELIO BRAILOVSKY ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA.

"El medio ambiente sigue siendo el 'patito feo' de los derechos humanos"

Es cada vez más difícil llamar "catástrofes naturales" a incendios, huracanes, inundaciones o sequías cuyos orígenes y consecuencias encuentran claras responsabilidades humanas.

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Por Fabián Bosoer

En América latina, el tema ambiental fue incorporado por todas las reformas constitucionales y legislaciones de los últimos años. Sin embargo, no se incluyó explícitamente el derecho a respirar aire limpio, beber agua pura, comer alimentos libres de contaminación. Es decir, el centro está puesto en el ambiente y no en las personas afectadas por ese ambiente. Falta una ética que incluya los derechos humanos de las generaciones futuras. Es el planteo de Antonio Elio Brailovsky, Licenciado en Economía Política de la UBA y una de las figuras más relevantes de la ecología argentina. Es profesor titular de la UBA y la UB y autor de una "Historia ecológica de Iberoamérica" (Capital Intelectual) en dos tomos, que va desde los mayas al Quijote y desde la independencia a la globalización. Fue convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y autor del capítulo ambiental de la Constitución porteña. A propósito de incendios o desastres como el de Tartagal plantea que hay que modificar el modo de entender la prevención y la defensa civil.

- Hay una idea bastante extendida sobre la relativa novedad de la conciencia ambiental, debida a fenómenos como el cambio climático, las contaminaciones, el agotamiento de recursos...

- Todas las sociedades tienen que resolver su relación con el entorno porque dependen de ese entorno para sobrevivir. De cómo lo resuelvan depende su futuro, su destino. Uno piensa en sociedades como la Babilonia bíblica o la de Teotihuacán en el Valle de México, las dos entraron en decadencia y se derrumbaron por el mismo motivo: por sobreexigir el suelo en un mismo sistema de riego. Otras sociedades tuvieron mejor suerte. Pero desde la antigüedad cada sociedad humana se plantea este problema. A veces en forma explícita: lo decimos; otras, simplemente sufren las consecuencias.

- Sin embargo, da la impresión de que estamos en un momento en el que esta pregunta -cómo resolver la relación con el ambiente- es nuevamente cuestión de supervivencia.

- Sí, y es la primera vez en la historia humana que aparece como un problema global. Siempre fue un problema local: cómo hacía el conde para que no se erosionaran las tierras de su condado; cómo hacía el faraón de Egipto para mantener lo que Herodoto decía: "Egipto, regalo del Nilo". Siempre fue local el problema, en este momento el cambio cualitativo es que es internacional, porque los problemas son mundiales. Es decir, todos los problemas de la atmósfera, principalmente el cambio climático, no se pueden resolver a escala local. Requieren concertación internacional, acuerdo, discusiones, peleas, conflictos. Este cambio de escala es lo que hace que no sea un problema acá u otro allá, sino que estén interconectados, mucho más de lo que estuvieron en cualquier otra etapa de la historia.

- Esto viene ocurriendo desde hace por lo menos dos décadas. Y mientras tanto ¿cuánto se hizo para enfrentar el problema?

- El cambio climático viene ocurriendo, en realidad, sin que nos diéramos cuenta, prácticamente desde la Revolución Industrial. Tuvimos una Edad Media cálida, un período frío que empezó en el Renacimiento y terminó a mediados del siglo XIX. Y a partir de allí empezó a ir subiendo lentamente la temperatura y empezó este cambio. Tal vez de origen natural, fue acelerado por todos los humos generados por una civilización del fuego. A partir de la Revolución Industrial, primero máquina de vapor, después quema de petróleo, la nuestra es una civilización del fuego. Esto provoca muy ligeros cambios en la atmósfera que provocan muy ligeros cambios en la temperatura. Si hay un pequeño cambio de temperatura, cambia todo, no sólo la temperatura. Cambian las lluvias, los regímenes de lluvia, de grandes tormentas, de inundaciones, de sequías... Y para esto nuestras sociedades no estaban preparadas.

- ¿Y es lo que ocurre, se sigue improvisando?

- Se sigue improvisando. Como cuando escuchamos: "y ahora, ¿qué hacemos frente a la sequía?" Bien, hacia el año 1200, Marco Polo se encontró con que el emperador de China -que ni siquiera era chino, era un invasor mongol- tenía estancias, en las cuales criaba ganado para atender a aquellos poblados que hubieran sufrido un desastre. Cuando pasaba una sequía, una epidemia, les enviaba ganado. Era un "fondo especial de desastres", hecho por Kublai Khan hace ochocientos años. El tipo no sabía dónde iba a haber un desastre ni qué iba a pasar. Si alguna vez había un desastre en alguna parte, tenía el fondo hecho. Tenía ganado. Entonces uno dice: si se podía hacer hace ochocientos años, tener ya el fondo de desastres preparado, ¿por qué no podemos ahora? Así, cada vez que hay un desastre nos ponemos a pensar: ¿y ahora qué hacemos?

- Y en este caso puntual, ¿cómo operaría una respuesta preventiva efectiva frente a desastres?

- Doy un ejemplo fuera de Argentina. El cambio climático significó una ampliación de la franja de huracanes. Cuando llega el huracán Katrina a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y destruye la ciudad, no hay nada previsto. Ni formas de evacuación, ni mapas de riesgo, ni asistencia a la población vulnerable. Katrina produce diez mil muertos. Al mes siguiente un huracán de fuerza semejante afecta Cuba. Con mapas de riesgo -es decir "aquí, aquí y aquí puede pasar algo"-, con una población que se enteraba por la radio y la televisión que el grupo tal se va a evacuar. Cada uno agarraba su bolsito y se iba a la parada a esperar el ómnibus, que ya sabía que si alguna vez en la vida lo iban a evacuar, tomaba el ómnibus 4, que lo iba a llevar a tal escuela en tal provincia. Huracanes semejantes: en Estados Unidos, Katrina causó diez mil muertos, huracán Denis en Cuba causó diez muertos. La diferencia entre diez y diez mil es la estrategia de prevención. Nosotros en Santa Fe sabíamos, todo el mundo sabía, todos los hidrólogos lo decían: "Miren que se viene una inundación. Hay que hacer esto". No se hizo nada en prevención, había que volar un terraplén, realizar obras de desagüe, preparar la población que estaba en el bajo...

- ¿A qué lo atribuye? ¿Comodidad, ignorancia; o un atavismo, el de una tierra que siempre provee y nunca se agota?

- Yo creo que hay una visión de corto plazo que viene de nuestra historia. El Derecho Ambiental se incorpora doctrinariamente, pero sigue siendo el "patito feo" de los derechos humanos. Es decir, los organismos de derechos humanos, públicos y no gubernamentales, las defensorías del pueblo, toman marginalmente los temas ambientales. La Constitución incorpora alguna vaga alusión al "ambiente sano" y un montón de convenciones como anexo. Cuando uno mira esas convenciones, no hay ninguna de "derecho al ambiente sano", porque además, no existe. Tenemos Convención Internacional de los Derechos del Niño, Convención Internacional contra la Violencia en la Mujer, Convención Internacional contra la Tortura y no tenemos ninguna convención internacional de derechos al ambiente sano. Tenemos sólo convenciones de recursos naturales: residuos peligrosos, agua, etc. O sea, recursos como objeto. Ahora, cuando uno habla de derechos humanos, uno habla del ser humano. Y deberíamos decir en algún lado: "La gente tiene derecho a tomar agua que sea pura, a respirar aire que sea aire de verdad... a comer alimentos que no tengan plaguicidas".

- ¿Qué es lo que está faltando?

- Hay un hilo conductor de pensadores que hemos tenido y que hemos ido escondiendo y olvidando. Simón Bolívar tenía la misma formación que Manuel Belgrano: habían leído autores semejantes, estaban influidos por Humboldt, y por una cantidad de pensadores que se oponían a la concepción económica dominante. La economía de ese momento -siglo XVIII, principios del siglo XIX- era la de los reyes, el mercantilismo, para la cual la riqueza era el dinero -en aquel momento el oro-. Y lo que ellos planteaban era una economía distinta de los pueblos. Para la economía de los pueblos, la riqueza era el trabajo sobre los recursos naturales. Lo que planteaban tanto Bolívar como Belgrano era que "los pueblos tienen que conservar sus recursos naturales, usarlos de una manera -como ahora diríamos- sustentable". Intentan hacer diseños de explotaciones agropecuarias nacionales, enseñar a cultivar. También los hombres de la Generación del '80, con sus más y sus menos, pensaron el país del siglo siguiente, y Buenos Aires tuvo un sistema de provisión de agua potable y cloacas que fue pionero en el mundo.

- ¿Cuáles son hoy las urgencias en materia ambiental desde las cuales pensar y hacer el mediano plazo?

- El primer tema es el cuidado de las fuentes de agua potable; otro, el de exigir evaluaciones de impacto ambiental, y el tercero, la prevención ante la situación del cambio climático. Es necesaria una estrategia de prevención de desastres: sequías, inundaciones, incendios, explosiones. Hay que superar el viejo modelo militar de la defensa antiaérea pasiva, que consistía en darles instrucciones a los civiles sobre cómo actuar ante un bombardeo del enemigo. Una emergencia no es un tema exclusivo de Defensa Civil, sino de todos los habitantes. Una sociedad resistente a las emergencias debe tener la máxima información posible. Pero claro, eso suele ir en contra de la lógica de los gobiernos, que creen que es mejor no preocupar a la gente.

Copyright Clarín, 2009.

ACATARON EL VETO DE CRISTINA

Los diputados K derritieron la Ley de Glaciares

El oficialismo se negó a tratar la ley que había sido aprobada hace un mes. El diputado Miguel Bonasso anunció que insistirá con la norma.

10:08

04.12.2008

El bloque de diputados kirchnerista se negó a insistir con la Ley de protección de Glaciares que vetó la presidenta Cristina Fernández, pese a la presión de los bloques opositores y de sectores de la propia bancada oficialista.

Los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Eduardo Macaluse (Espacio Sí) propusieron el tratamiento del veto presidencial, pero el kirchnerismo prefirió acatar la decisión del Poder Ejecutivo.

Si bien la votación favoreció al pedido de Bonasso y Macaluse (107 respaldos y 90 rechazos), como se trataba de un apartamiento del reglamento, la victoria nominal no alcanzó para llevar nuevamente la ley al recinto, ya que se necesitaban las tres cuartas partes de los presentes para darle curso a la solicitud.

No obstante, Bonasso confirmó que insistirá durante la próxima sesión ordinaria con la Ley de Glaciares, que fue aprobada en ambas Cámaras por unanimidad, antes de ser vetada por la Presidenta, al considerar que se contradice con los emprendimientos mineros ubicados en la zona cordillerana.

"Hay que preservar los recursos hídricos. Sin oro podemos vivir, pero sin agua no", se quejó el legislador.

LAS RAZONES DE LOS K. Por su parte, el jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, explicó que la negativa de su espacio se debió a "la observación total" que sobre la norma realizó la primera mandataria.

Según dijo, la propuesta oficial es conformar una comisión con gobernadores y dirigentes de la zona cordillerana, "con el objetivo de elaborar un nuevo proyecto de ley, que contemple un fuerte nivel de consenso".

"La posición del oficialismo no es que la Argentina no tenga una ley de protección de glaciares, pero la Presidenta hizo uso de las facultades constitucionales y planteó una alternativa para mejorar la ley", afirmó Rossi.

En tanto, el diputado del Espacio Sí, Carlos Raimundi, replicó a Rossi, y se quejó porque "está en juego la debilidad del Parlamento, ya que se hace caso al lobby de las empresas poderosas".

La ley de Glaciares, que tras el veto perdió toda vigencia, establecía los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".

Fuente: http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=15103

LA DEJÓ HELADA

CFK echó a Romina Picolotti porque no bancó el veto a Ley de Glaciares

La ahora ex secretaria de Medio Ambiente estaba en la cuerda floja desde que su líder político, Alberto Fernández, dejó la jefatura de Gabinete. La distancia con los K se profundizó con el "veto de la Barrick Gold". Asume Homero Bibiloni.

02.12.2008

El cargo de Romina Picolotti será ocupado por Homero Bibiloni. (Télam)

Uno de los últimos soldados que quedaba del albertismo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó esta tarde sus funciones. A pedido de la Presidenta, el jefe de Gabinete Sergio Massa le solicitó la renuncia a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y será reemplazada por Homero Bibiloni, hasta hoy subsecretario Legal y Técnica de la Municipalidad de La Plata y que asumirá mañana.

La funcionaria estaba en la cuerda floja desde que su líder político, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, se fuera del Gobierno y criticara la gestión de CFK por su posicion frente a la crisis financiera internacional.

Ese fue el detonante político, sin embargo, hay otros puntos en el paso de Picolotti por la gestión K que complicaron la relación con el matrimonio presidencial. El más comprometedor es la investigación que lleva a cabo la jueza María Romilda Servini de Cubría, por posibles irregularidades en el manejo de su cartera.

El año pasado, se revelaron contrataciones muy bien pagas a parientes y amigos, gastos sin control en compras de camionetas 4 x 4 y muebles para oficinas, alquiler de aviones privados, entre otras actividades sospechosas por parte de la ahora ex secretaria de Medio Ambiente.

Fuentes oficiales señalaron a DYN que el presupuesto de la Secretaría de Ambiente "estaba subejecutado hasta noviembre último", al tiempo que precisaron que "se detectaron viáticos por 70.000 dólares en los últimos días para cursos en el exterior" de los miembros de esa dependencia.

Por último, su continuidad se complicó al punto de comunicar a sus allegados que quería renunciar cuando la Presidenta vetó la ley de protección de glaciares.

ERA UNA CARA NUEVA. La funcionaria llegó al cargo a mediados de 2006 en medio del conflicto del Gobierno con Uruguay por los cortes de ruta de los asambleístas. Era la cara nueva, ajena a la política, que Alberto Fernández había importado desde la propia Asamblea.

Picolotti, una abogada especializada en Ambiente, asesoraba a los entrerrianos sobre el impacto de la pastera. Entonces presidía una ONG, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, y acababa de ganar en Noruega el Premio Sophia, un aval de prestigio internacional en su especialidad.

EL REEMPLAZANTE. Bibiloni es abogado especialista en Derecho Administrativo, docente de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un Master Ambiental realizado en la Universidad española del País Vasco y trabajó como asesor de las municipalidades de Magdalena, Carmen de Areco, Monte Hermoso, Berisso y Rojas.

También se desempeñó como agente judicial de la ex empresa estatal Obras Sanitarias y subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 1992. En los años siguientes ocupó diferentes cargos en dirección General de Escuelas y Cultura, en la Unidad Ejecutora Provincial y en la Dirección Provincial de Puertos bonaerenses.

Entre 2003 y 2004 estuvo a cargo de la Subsecretaría de Recursos Naturales, biodiversidad y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Ambiente durante la gestión de Atilio Savino, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner.

Además participó activamente en los equipos técnico-políticos "Kirchner Presidente", dentro de la Comisión de Ambiente colaborando en la redacción y sistematización final del documento con la propuesta programática ambiental del actual gobierno.

En “Ambiente y Política”, uno de sus libros, Bibiloni escribió: “Cuidar el ambiente supone restricciones en nuestra conducta, que la sociedad no está muy dispuesta a hacerlas. Cuidar al ambiente no es gratis, y desde lo público hay que empezar a asignarle más plata a las áreas ambientales, que son bastante raquíticas en personal y en presupuesto, por eso hay que invertir en calidad ambiental”.

Fuente: http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=15025

Echaron a Picolotti de la Secretaría de Ambiente

23:42

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió la renuncia esta tarde. Estaba entre los pocos funcionarios ligados a Alberto Fernández que seguían en el Gobierno. La Justicia investiga presuntos manejos irregulares cometidos durante su gestión.

RIO REVUELTO. Picolotti también sumó críticas por su plan para sanear la cuenca Riachuelo-Matanza.

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Después de dos años y medio, hoy finalizó la gestión de Romina Picolotti al frente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que había llegado a mediados de 2006 de la mano del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y catapultada por el conflicto de Botnia (era abogada de los ambientalistas).

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió la renuncia esta tarde; la ahora ex funcionaria estaba entre los pocos dirigentes vinculados a Alberto Fernández que seguían en el Gobierno. En varias ocasiones habían trascendido rumores sobre su inminente salida; la última vez, el día en que abandonó el PEN el hoy ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capascioli, otro "albertista".

La hoy ex funcionaria había llegado al Gobierno en julio de 2006, poco después de que el entonces presidente Néstor Kirchner diera un fuerte respaldo a la protesta de los ambientalistas de Gualeguaychú contra la papelera que la finlandesa Botnia instaló en Fray Bentos. Fundadora de Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), con sede en Córdoba, Picolotti había cobrado notoriedad, justamente, en su representación de los asambleístas entrerrianos.

Hace menos de un mes, la Policía Federal hizo un procedimiento en la Secretaría de Ambiente en el marco de una causa penal abierta tras una investigación de Clarín sobre presuntos manejos irregulares en esa área. La investigación apunta a determinar cuántos empleados contrató Picolotti y con qué remuneraciones, cuántas veces alquiló aviones para trasladarse al interior del país y cuál fue el papel de ArgenINTA en la financiación de los gastos de la Secretaría.

No fue ese el único traspié de la ambientalista en la Secretaría: durante las presentaciones ante La Haya por Botnia, su oficina se cruzó fuerte con Cancillería por la estrategia a adoptada ante el tribunal internacional. También recibió duros cuestionamientos por la demora en la limpieza del Riachuelo y por la demora con la que actuó la Secretaría en los incendios de pastizales que se registraron este año en medio del conflicto del campo.

Fuente: http://www.clarin.com/diario/2008/12/02/um/m-01814566.htm

21:28 › CFK PIDIO SU RENUNCIA

Picolotti dejó la Secretaría de Medio Ambiente

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió la renuncia a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, por orden de la presidenta Cristina Fernández. El abogado platense Homero Bibiloni asumirá en reemplazo de la funcionaria saliente.

Bibiloni fue subsecretario de Recursos Naturales, Normativa, Investigación y Relaciones institucionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en 2004, cuando dependía del Ministerio de Salud.

Además, el designado funcionario tiene amplios conocimientos y experiencia en Medio Ambiente, incluso tiene un Master realizado en la Universidad del País Vasco.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-116009-2008-12-02.html

El Gobierno echó a Romina Picolotti y la reemplaza Homero Bibiloni

Fuentes gubernamentales dijeron a LA NACION que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió la renuncia a la secretaria de Medio Ambiente a pedido de la Presidenta por descontento con su gestión; el sucesor fue subsecretario del área hasta 2006

Noticias de Política: anterior siguiente

Martes 2 de diciembre de 2008 19:47 (actualizado a las 23:18)

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El jefe de Gabinete le pidió la renuncia por pedido de la Presidente Foto: LA NACION

El Gobierno echó hoy a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, debido al descontento que tenía la presidenta Cristina Kirchner con su gestión y designará en su lugar al ex subsecretario del área hasta 2006, Homero Máximo Bibiloni.

Fuentes gubernamentales adelantaron a LA NACION que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió hoy la renuncia a la funcionaria, que había sido designada por el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Picolotti es investigada desde hace más de un año en la Justicia en una causa por presunta malversación de caudales públicos.

El fiscal Guillermo Marijuán busca determinar si la ahora ex funcionaria incurrió en desmanejos presupuestarios y administrativos en su área.

Picolotti fue separada de su cargo -según indicaron las fuentes a LA NACION- debido al gran malestar que existía con su gestión. Entre los motivos por los cuales la Presidenta decidió echarla figuran que ejecutó en su área en lo que va del año solamente el 40% del presupuesto y que ha gastado más de 70.000 dólares en viáticos de directivos de su secretaría por el mundo. Esto, según el Gobierno, marca un desequilibrio en su gestión.

Asimismo, consideran que hubo pocos logros y mucho despilfarro de dinero sin ningún tipo de utilidad.

Albertismo, afuera. Con esta medida, se va otra funcionaria que perteneció al círculo íntimo de Alberto Fernández, el todopoderoso ex jefe de Gabinete, que renunció al Gobierno hace más de cuatro meses.

La Presidenta había resuelto el mes pasado remover de la Superintendencia de Salud a Héctor Capaccioli, quien fuera el recaudador de su campaña electoral. Hoy el Gobierno terminó por dar un último empujón al "Albertismo" fuera de la Casa Rosada.

El reemplazante. Bibiloni fue subsecretario de Medio Ambiente hasta 2006, es abogado y profesor de Derecho Administrativo.

Actualmente se desempeña como Subsecretario de Legal y Técnica, en la Municipalidad de La Plata.

Con la colaboración de Mariano Obarrio

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1076727&pid=5465464&toi=6256

Se intensifica la erosión costera

Se intensifica la erosión costera

Foto: En enero de 2005 se podía ver completa la caverna del Parque de Monte León, en Santa Cruz
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Es por el calentamiento global que, en algunos lugares, se suma al mal manejo urbanístico de los balnearios
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Ya no es la gota que horada la piedra, sino un mar que devora roca, playa y todo lo que encuentra a su paso.
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Es que los últimos registros muestran un incremento de la erosión costera en la Argentina.
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¿Algunos ejemplos?
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El sector bonaerense de Punta Piedras, a orillas del Río de la Plata, retrocedió unos 0,2 metros por año entre 1969 y 1990, y este valor se triplicó entre 1990 y 2002 hasta alcanzar los 0,7 metros por año aproximadamente.
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Otro tanto ocurrió en las cercanías de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Allí el desgaste fue de unos 0,2 metros por año entre 1927 y 1980, mientras que entre 1980 y el presente llega a 0,6 metros por año.
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"Diversos indicadores ponen en evidencia que el fenómeno erosivo está en aumento y que éste se hizo especialmente notable entre las décadas del 80 y el 90", asegura el geólogo Jorge Codignotto, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, tras estudiar la situación desde el delta del Paraná hasta Tierra del Fuego.
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Zonas bonaerenses como Punta Rasa, que desde 1892 hasta 1980 habían crecido 250 metros, pasaron a perder terreno a un promedio de 0,8 metros por año, según datos del investigador principal del Conicet.
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La lista de variaciones es extensa, pero los motivos similares.
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"El calentamiento global aumenta el nivel del mar por derretimiento de los hielos polares y dilatación del agua.
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Además genera un efecto dominó porque los ciclones se desplazan hacia el Sur y se incrementa la frecuencia de tormentas intensas en áreas costeras, lo que agrava la erosión.
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Por otra parte, en el sector de playas bonaerenses el mal manejo por urbanización empeora la situación", precisa el especialista, que integró el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) patrocinado por las Naciones Unidas, que mereció el Premio Nobel de la Paz 2007, y la Organización Meteorológica Mundial.
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Cualquier turista de Villa Gesell u otro balneario atlántico habrá observado tras una tormenta la canaleta que se forma en la playa.
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"Al haber construido las calles perpendiculares al mar, cuando llueve el agua va como una tromba hacia la costa y forma un canaletón que lleva de 7 a 9 toneladas de arena al mar, donde la corriente de la deriva la acarrea como una cinta transportadora.
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Esta situación se debe multiplicar por cada una de las calles", indica el investigador del Laboratorio de Geomorfología, Dinámica Costera y Ambiental de la Ciudad Universitaria.
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Este panorama empeoró por la destrucción de los médanos para facilitar el acceso a las playas o por razones comerciales.
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"La duna naturalmente filtra el agua de lluvia que limpió todas las zonas urbanas e impide que vaya a parar al mar sin tratamiento previo", agrega.
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En algunos sitios hace décadas tomaron medidas para evitar esta situación.
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"En Ostende -ejemplifica- se diseñaron las veredas muy anchas y verdes, y cada tanto muestran una depresión para acumular el agua de lluvia, que se infiltra en la tierra y de ese modo vuelve a formar el ciclo."
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Otro agravante son las construcciones indebidas en la playa.
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"La costa es una zona móvil.
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Cuando hay erosión, se lleva parte de la arena de debajo del médano y en la época de acumulación la repone.
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Pero cuando se hacen casas, las paredes generan más erosión, y luego el mar lo que se lleva es la vivienda", explica Codignotto.
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Cada uno quita su grano de arena y sólo se toma conciencia cuando los balnearios pierden su máximo atractivo turístico: las playas.
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"En Villa Gesell en treinta años han destruido la costa. Ahora pusieron un sistema antidunas, que si bien es mejor que lo que venían haciendo, resulta un paliativo, no es la solución", indica.
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Este es uno de los tantos casos que se encuentran en la zona.
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"Desde Punta Rasa hasta Mar del Plata, parte de la erosión se encuentra fundamentalmente potenciada por el incorrecto manejo territorial costero", subraya, sin pasar por alto el decreto 3202 del año 2006 que, a su criterio, puso algún límite a la ocupación costera bonaerense.
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"Es el primer estado argentino que legisla en este aspecto, pero el cuidado de la costa debería hacerse de modo integrado entre todas las provincias y municipios, porque la naturaleza no responde a límites políticos.
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Si se levanta un espigón en Mar del Plata, impide que llegue arena a Villa Gesell, es un fenómeno en cadena", advierte.
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La costa es un escenario movedizo, de transición entre agua y tierra.
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"La ocupación costera no debe hacerse como si fuera un lugar cualquiera, porque no lo es: cambia rápidamente y no en siglos, como equivocadamente se cree, sino en décadas.
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El delta del Paraná avanza a razón de 70 metros por año, la isla Martín García duplica su superficie cada 32 años y la zona bonaerense de Punta Indio retrocedió 70 metros en los últimos 70 años", subraya.
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El científico sugiere hacer un estudio del terreno antes de realizar proyectos urbanísticos para no tener que lamentar consecuencias funestas en el futuro.
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"El día de mañana se inundan ciertas áreas y dirán «qué fatalidad», cuando lo que no hubo fue planificación.
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Es un dislate que una persona medianamente informada sepa si hay agua en Marte y no conozca dónde está parado", concluye.
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Cecilia Draghi
Para LA NACION
La autora integra el Centro de Divulgación Científica
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

Mineras de Jujuy obligadas a asegurarse

Mineras de Jujuy obligadas a asegurarse

Los titulares de más de 35 mil empresas del país que realizan actividades riesgosas para el entorno estarán obligadas a contratar seguros ambientales, según dispuso la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

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De esta manera, Argentina se convierte en el primer país del mundo en establecer este tipo de obligaciones, que afectará desde papeleras artesanales hasta empresas mineras y petroleras, en montos que oscilan entre los 120 mil pesos y los 50 millones de pesos anuales.

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Para explicar los alcances y metodología de estas nuevas tasas, se realizó una rueda de prensa en la sede de la secretaría con la presencia del subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Sergio Chodos, y el subgerente de la Gerencia Técnica de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Carlos Croseto, entre otros.

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La Resolución 1398/08 permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente (ley 25.675), al permitir al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado, destrabando el último impedimento para la aplicación de esa norma.

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Según el artículo 22 de la Ley, “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”.

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“Asimismo -continúa el artículo-, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.

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Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría tomó la decisión política de resolver el problema planteado al determinar, en sendas resoluciones, aquellas actividades que se consideran riesgosas para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar el seguro.

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Asimismo, estableció la opción de autoasegurarse para que aquellos que lo prefieran, o bien aquellos que no puedan acceder a las pólizas de seguro ambiental, cumplan con lo fijado en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente respecto de las empresas con actividades riesgosas para el entorno.

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Además, se establecieron los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán “entidad suficiente” a la cobertura, como exige el mencionado artículo, y se creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales, como área de trabajo específico dentro de la secretaría.

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Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de una resolución conjunta entre la Secretaría y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

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El objeto de las mismas fue el de garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados, y acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.

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El 26 de agosto último, la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primera póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.

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En España y la Unión Europea, actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010.

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Fuente: (Télam)

En los dos últimos años la basura electrónica creció un 25 % en Argentina

En los dos últimos años la basura electrónica creció un 25 % en Argentina

Actualmente hay un total de 100.000 toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso.
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Representa 2,5 kilos de aparatos viejos por persona, según un informe de la organización ecologista Greenpeace.

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Los datos difundidos por la organización ecologista Greenpeace muestran un crecimiento abrumador de la basura electrónica.
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En concreto, el basural pantagruélico que hoy duerme bajo los rellenos sanitarios del CEAMSE, en los más de 200 basurales a cielo abierto del Gran Buenos Aires, en las bauleras de los edificios y en los depósitos de las empresas, equivale a 12.504 toneladas de impresoras, 23.945 toneladas de computadoras y 1.229 toneladas de cajas registradoras y expendedoras de boletos.
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A esto hay que sumarle, además, 4.173 toneladas de teléfonos, celulares, calculadoras y cámaras digitales, según estimaciones recientes de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA).
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Otras 58 mil toneladas serían heladeras, freezers, cocinas eléctricas, lavarropas, aires acondicionados, reproductores de video, DVD, audio y televisores, según estimaciones de la consultora en medio ambiente, Ecogestionar.
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En el informe, la organización ambientalista denuncia que en la Argentina no hay un sistema de gestión ambiental para los residuos electrónicos ni existen leyes que regulen qué hacer, cómo desmontar, ni qué elementos reciclar.
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Por el momento sólo existe un par de proyectos de ley en el Senado de la Nación que aún no han sido tratados.
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"Es necesario un marco regulatorio de protección ambiental a nivel nacional y regular especialmente la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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De lo contrario seguirán siendo tratados como residuos domiciliarios comunes, con el consiguiente perjuicio ambiental", protestó el senador porteño Daniel Filmus, autor de uno de los dos proyectos de ley.
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En la actualidad los desechos de los equipos de alta complejidad son reciclados por un par de desmontadores que, a su vez, son abastecidos por los servicios técnicos de las marcas internacionales.
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Pero la mayoría de los aparatos que se tiran no quedan registrados en ningún lado.
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"Al no haber un inventario de lo que se está colocando en el mercado se produce una dispersión de aparatos sin ningún control.
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Además, muchos de los equipos que son colocados en el mercado, tarde o temprano quedan huérfanos de empresas que quiebran, se fusionan con otra empresa o se retiran del país", describió el director político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.
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Ante la falta de políticas regulatorias muchos de los equipos de informática y telecomunicaciones van a parar a los rellenos sanitarios o a los basurales clandestinos, con consecuencias graves para la gente y el medio ambiente.
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En contacto con la humedad algunos de los metales pesados que componen estos equipos (tales como plomo, bromo, mercurio, níquel, cadmio, fósforo), y que son cancerígenos, mutagenéticos (pueden generar mutaciones que pueden convertirse en tumores) o tan tóxicos que pueden conducir a la muerte, van infiltrando los suelos y contaminando las napas de las aguas.
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"En nuestro país muchos familias no tienen sistemas de agua potable y reciben el agua que beben de un pozo.
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Si el agua ha sido contaminada, beben agua con plomo, mercurio, cadmio, metales que no son naturales a ninguna ciudad del país. Muchos de estos contaminantes son de origen industrial pero otros corresponden al post-consumo.
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De tal forma que cuando cualquiera de nosotros tira un desecho electrónico contamina a otro argentino", se queja el socio gerente de Ecogestionar, Gustavo Protomastro.
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Otras veces los cables de las computadoras, celulares, impresoras, teléfonos y monitores son quemados sobre parrillas (como si fueran asado) por mujeres y varones de los sectores de más escasos recursos que, a cambio de trocar el cobre de los cables por dinero, arriesgan su vida con estos "asados de PVC".
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Con el calor de las brasas logran derretir el plástico y aislar el cobre a un costo de salud alto.
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"Una bocanada de ese cable quemándose es veneno puro, es fatal para la gente", puntualiza Villalonga.
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Aunque estas prácticas existen, Greenpeace advierte que los métodos utilizados por los sectores informales –"los cartoneros"-- aún no son un problema grave en el país.
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Aunque de expandirse estas metodologías más cantidad de gente podría sufrir las consecuencias.
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Sobre todo porque las ventas por unidades de estos productos crecieron mucho en los últimos años.
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Y aún en plena crisis finaciera internacional, el mercado de la telefonía móvil estima que en 2008 se habrán vendido 12 millones de celulares.
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Y el sector informático que este año se habrán comprado 1,3 millón de computadoras de escritorio y portátiles.
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"Ya de por sí los recuperadores informales, los "cartoneros", están sufriendo un riesgo sanitario manipulando basura en forma inadecuada.
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'Qué pasaría si recuperan basura electrónica que es altamente tóxica?", se pregunta Villalonga.
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Aunque la cantidad de toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos que están fuera de uso ya equivaldrían a 10 campos de juego de fútbol repletos de equipos, Greenpeace aclara que nuestro país está en un momento ideal para implementar la llamada "responsabilidad individual del productor".
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Un método de recuperación de residuos electrónicos que se apoya en la idea de que la mayoría de los impactos ambientales están predeterminados por el diseño de los productos.
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"La propuesta es implementar un sistema en donde el criterio de responsabilidad individual del productor sea la base de la legislación futura que rija qué hacer con la basura electrónica y eléctrica.
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Sólo la responsabilidad individual va a enseñar a las empresas a diseñar productos más fáciles de reciclar, con menor cantidad de contaminantes y mayor vida útil", puntualiza Villalonga. Otra de las propuestas de Greenpeace es implementar otro sistema pero colectivo: la responsabilidad extendida del productor.
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Un concepto de responsabilidad grupal que supone medidas como el pago sectorial de una tasa municipal a cambio de lo que las empresas de un sector han contaminado.
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Ninguno de estos sistemas, como medidas de gobierno, existen en el país. Aunque en la mayor parte de los países de la Unión Europea ya están en marcha.
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En la Argentina, sin embargo, Dell, HP, Motorola, Nokia, Epson y Sony-Ericsson ya cuentan con programas de devolución de equipos en distintas etapas de desarrollo.
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"Tal y como lo indica la legislación vigente hasta agosto de 2006 enviábamos los equipos a los rellenos sanitarios.
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Pero a partir de entonces, por voluntad corporativa, decidimos contratar a una empresa que le diera una mejor disposición final a nuestros productos", señaló el director de servicio y soporte técnico de Epson Argentina, Andrés Maccio. Comentó Maccio, además, que un sistema de "responsabilidad extendida del productor" supondría en el país "un costo en logística imposible de pagar.
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En Europa un camión va de un país a otro por 15 euros-
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Acá, por eso sería carísimo".
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Al día de hoy, Epson Argentina recibió certificados de gestión sustentable por 102 toneladas de impresoras y escaners.
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Motorola no envió sus equipos de telefonía móvil a los rellenos sanitarios, aunque la legislación lo admite.
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"Iniciamos hace tres años un programa responsable de reciclaje de los equipos.
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Lo implementamos en 73 países y este año decidimos anunciarlo en la Argentina.
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La idea es que los usuarios, en lugar de dejar el móvil en el cajón de su mesa de luz o de echarlo la basura, lo deposite en cualquiera de los buzones que están en nuestras sucursales", puntualizó el director de comunicaciones externas para América Latina de Motorola, Gustavo Wrobel.
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La solución que hasta ahora se conoce en el país para evitar la contaminación con estas sustancias son las plantas en las que se recuperan los componentes de los artefactos electrónicos.
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En la Argentina sólo hay dos chatarrerras electrónicas registradas en la Secretaría de Medio Ambiente, Silkers y Botrade capaces de producir certificados de gestión sustentable.
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La separación de algunos metales preciosos como el cobre, el estaño y el oro, los residuos se envían a Suecia ya que aquí no existe la tecnología para hacer ese trabajo.
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Una tonelada de plaquetas electrónicas supone 150 kilos de cobre, 20 kilos de estaño y 300 gramos de oro.
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Pilar Ferreyra
Clarin

La desertificación, una amenaza que crece en el mundo

La desertificación, una amenaza que crece en el mundo

Afecta ya el 41 por ciento de la superficie terrestre
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La desertificación avanza en el planeta y la Argentina no es la excepción.
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Este fenómeno provoca la degradación de la tierra y la consecuente pérdida de productividad.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd) define la desertificación como la degradación de los suelos que ocurre en zonas áridas, semiáridas, secas y semihúmedas. Representa el 41% de la superficie terrestre y alberga a 1/3 de la población mundial.
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Hay dos grandes factores que provocan la desertificación: el climático y el humano.
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El climático se debe a sequías prolongadas, precipitaciones que causan inundaciones o tormentas de arena que terminan erosionando el suelo.
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El factor humano tiene que ver con un uso no sostenible de la tierra.
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"La degradación de la tierra es la pérdida de productividad del ecosistema que no se puede recuperar si no reinvertimos en él.
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La degradación de la tierra ocurre en todos lados, incluso en las áreas húmedas", sostuvo Luc Gnacadja, secretario ejecutivo de la Unccd que visitó la Argentina y fue entrevistado por LA NACION.
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Gnacadja se refirió al Informe Global de Degradación de la Tierra que concluyó que, comparando con datos de 1981, hay actualmente un 24% adicional de superficie terrestre degradada.
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Dentro de ese 24%, el 78% está en áreas húmedas.
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"Hubo una degradación adicional que se está dando en zonas húmedas", subrayó.
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El informe agrega que en la Argentina, en el mismo período, se degradó el 32% del territorio, especialmente en la región pampeana.
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Y esto afecta el 33% de la población. Una conclusión más alentadora es que en un 15% del área afectada a nivel global se mejoró algo la productividad.
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Los suelos son un gran reservorio de carbono y su fertilidad tiene que ver con el carbono orgánico que contienen.
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"Desde mediados de 1900 creamos inconscientemente una civilización del carbono y terminamos degradando la atmósfera y los suelos", dijo Gnacadja.
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"Cuando la tierra se degrada, la superficie se agota y se pierde su capacidad de fijar el dióxido de carbono que se emite en la atmósfera", sostuvo el funcionario.
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El visitante destacó la necesidad de que la clase política ponga la degradación del suelo en la agenda global.
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"Si sólo nos focalizamos en la atmósfera, no vamos a lograr nada; tenemos que concentrarnos en ambas", comentó.
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El secretario habló de la necesidad de pago por servicios de ecosistema como sistema de recompensas y beneficios.
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Y explicó:
"Si alguien en algún lugar utiliza más allá de la capacidad que le corresponde, debe pagar de manera tal que no lo va a malgastar en el futuro".
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La visita
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Gnacadja estuvo en la Argentina para reunirse con responsables de políticas públicas y para tener un panorama de lo que sucede en el país.
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En Buenos Aires se reunió con el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, y con funcionarios de la Secretaría de Ambiente.
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"Cheppi entendió la necesidad de difundir el problema y usar la capacidad argentina no sólo acá, sino también a nivel regional", dijo Gnacadja y subrayó la necesidad de buscar metodologías para buscar carbono en el suelo.
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El funcionario viajó a Santiago del Estero para conocer un proyecto de recuperación de suelos y se reunió con el gobernador, Gerardo Zamora.
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"El proyecto es muy bueno, pero necesitan acelerarlo", señaló.
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Por último, Gnacadja se definió como un facilitador y aclaró que el propósito de su visita no era traer fondos, sino ver las políticas internas de lucha contra la desertificación
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Por Emilia Subiza
De la Redacción de LA NACION

Mal futuro para los pingüinos

Mal futuro para los pingüinos

SU POBLACION, EN PELIGRO
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foto : ANTARTICOS. LOS MAS VULNERABLES.
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El futuro para los pingüinos que viven en la península antártica no se presenta favorable.
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Un pronóstico de la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) anuncia que en las próximas décadas su población podría disminuir dramáticamente.
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A través de un estudio que combina los modelos climáticos con los más recientes hallazgos sobre ecología de poblaciones, se pudo observar que --si la temperatura global aumentase apenas 2 grados centígrados-- la colonia de pingüinos emperadores podría disminuir un 50 por ciento, y los de adelia, un 75 por ciento.
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Siempre en esa línea de pronósticos, se anticipa que esos 2 grados centígrados podrían alcanzarse en menos de 40 años, reduciendo la cobertura y el espesor del hielo marino.
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Ese panorama dificultaría, especialmente, la cría y la alimentación de gran parte de los pingüinos antárticos.
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Clarin

No más bolsas de plástico

No más bolsas de plástico

El Senado bonaerense acaba de aprobar una ley que obliga a los comercios a cambiar las bolsas de polietileno, que hoy son entregadas para el transporte de mercaderías, por contenedores de material degradable o biodegradable que reduzcan el impacto en el ambiente.
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En el caso de los hipermercados, supermercados y minimercados de venta al por menor, el plazo para el reemplazo de las bolsas será de 12 meses, en tanto que los comercios más pequeños tendrán hasta 24 meses para hacerlo.
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La norma prevé además la aplicación de sanciones (multas y clausuras) para quienes, superado ese plazo, sigan entregando bolsas de polietileno a sus clientes.
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De esta manera se da un paso decisivo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para eliminar estos elementos nocivos del ambiente.
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Este cambio, en apariencia simple, representa una nueva mirada, imprescindible, sobre nuestras costumbres.
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No se trata sólo de eliminar una bolsa de polietileno; significa asumir que nuestros hábitos de consumo están afectando el planeta y es momento de cambiar.
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Se estima que sólo en la Argentina se desechan 150 bolsas por persona cada doce meses, lo cual equivale a varios miles de millones por año.
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En el mundo, se calcula que se utilizan más de 500.000 millones de estas bolsas, lo cual termina a menudo afectando gravemente la vida silvestre, sobre todo la fauna marina.
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Por eso, es loable el propósito de minimizar el impacto que provoca la abundancia de estas bolsas en los rellenos sanitarios, los cursos de agua, el mar y el paisaje, como consecuencia de su gran perdurabilidad, calculada en alrededor de 300 años.
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Sin embargo, también hay que reconocer que, en muchos casos, la aparición de estas pequeñas bolsas en cualquier sitio se debe a un sistema de manejo de residuos obsoleto y desaprensivo como son los basurales a cielo abierto (que también deberán desaparecer, según lo establece la ley de gestión de residuos sólidos de la provincia de Buenos Aires) y de una escasa cultura ciudadana que poco contribuye a la higiene del medio.
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A diferencia del proyecto original, que indicaba el material de envase biodegradable por utilizar, la ley no especifica ningún componente, para evitar beneficiar a un sector en particular.
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Es importante que los nuevos materiales efectivamente reduzcan el caudal de gases contaminantes que se generan durante el proceso productivo o que utilicen menos hidrocarburos.
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No sería sustentable que se intentara solucionar el tema de los residuos a costa de aumentar, por ejemplo, el efecto invernadero.
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La norma ha despertado resistencias, como todo cambio, pero su sanción debe implicar el compromiso férreo por parte de las autoridades de su aplicabilidad.
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En materia ambiental, es mucho peor una norma que no se aplica que la ausencia de regulaciones, porque la falta de efectiva vigencia incentiva un escaso compromiso de los ciudadanos por el entorno.
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La prohibición de fumar en lugares públicos es un ejemplo de un rotundo cambio de hábitos y de una verdadera comprensión y acatamiento por parte de la comunidad de sus fundamentos.
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Esta norma debe seguir el mismo rumbo.
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Es imperioso comprender que vivimos en un espacio limitado y que es necesario evitar la desmesurada cantidad de bolsas que cada año se acumulan en nuestro planeta.
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Sin duda, abandonar el uso de bolsas plásticas representará un esfuerzo para el conjunto de los habitantes, ya que constituye un hábito muy difundido, y la ventaja de dejar de usarlas puede no ser todavía tan evidente.
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Estos cambios necesariamente deben ser acompañados de un proceso de información adecuada y enmarcados en una política cuyo objetivo sea desalentar el uso del packaging innecesario en todos los productos que utilizamos.
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Se trata de una iniciativa que debe ser alentada e imitada porque promueve que todos los sectores de nuestra sociedad comencemos a sensibilizarnos con este tipo de acciones, que tienen por objetivo promover una actitud responsable frente al planeta y las generaciones futuras.
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Editorial La Nacion

Crítico diagnóstico sobre contaminación de los ríos

	Crítico diagnóstico sobre contaminación de los ríos.
	Lo realizaron organizaciones ambientalistas. Resolvieron impulsar una consulta popular.

El sistema Limay, Neuquén y Negro, así como el Nahuel Huapi, vienen sufriendo un proceso de polución constante

VIEDMA (AV)- La Asamblea General por la Sanidad de la Cuenca de los ríos Limay-Neuquén-Negro y Lago Nahuel Huapi resolvió aquí impulsar una iniciativa popular con el propósito de terminar con los problemas de polución.

La decisión se tomó durante un encuentro concretado en esta capital con la participación de la Asociación Ambientalista Rincón Limay de Plottier, la Asamblea de Vecinos de Cipolletti, la Asociación Civil de Ecología Social ACES de Rincón Balsa Las Perlas y los Vecinos Autoconvocados en Defensa de Bahía Serena y Costas Libres de Bariloche.

Inauguró la reunión el médico Alberto López, quién narró su experiencia del estado del río Negro con 22 viajes que hizo por su cauce. "Nosotros nos enorgullecíamos porque podíamos llenar la pava con agua para tomar mate".

Explicó cómo la instalación de las represas hidroenergéticas fue alterando no sólo el caudal del río, sino su color y su característica correntosa, y cómo esto, sumado a la contribución de los organofosforados, propició el desmedido crecimiento de las algas y la eutrofización del río.

Luego, vecinos de Cipolletti, entre ellos un técnico en planificación ambiental, comentaron los problemas que viven en su zona por el volcado de efluentes crudos a canales de desagüe que van directamente al río, el regado de sus calles con efluentes de una papelera y los constantes proyectos de continuar canalizando el río para crear nuevas zonas productivas.

Continuó la disertación la Asociación ACES, presentando los problemas propios de su región Balsa Las Perlas, un paraje ubicado a orillas del Limay que está siendo afectado por los proyectos turísticos e inmobiliarios de barrios cerrados, dudosos loteos e imposibilidad de acceso al río.

Sumaron a esto el deficiente servicio de agua potable que poseen los 7.000 habitantes del lugar, donde ARSA provee agua a sólo 174 viviendas, mientras el resto de la población se ve obligada a contratar empresas sin control alguno.

Por su parte, Bariloche presentó una lámina de su "Mapa de la Verdad" y detalló también los problemas causados por la ineficiencia e insuficiencia de la Planta Depuradora Cloacal, las manchas observadas en el lago Nahuel Huapi y la instalación de un caño emisario a la altura de Playa Bonita, afectando no sólo al balneario, sino a la toma de agua potable que se encuentra en el mismo sitio.

Agregaron datos sobre los químicos pesados de los laboratorios del INVAP (situado en la margen del Lago) y del Centro Atómico, la concesión a Repsol para la explotación hidrocarburífera en la zona de Ñirihuau (a 25 kilómetros de Bariloche) y la explotación de oro a cielo abierto en Pichi Leufú.

Por último, Rincón Limay de Plottier remarcó que la reserva ecológica Rincón Limay "se ha convertido en una cantera" al tiempo que se exponían fotos del antes-verde y el después-árido de la zona. Plottier es una ciudad yacimiento": hacia Senillosa se despliegan los yacimientos de gas "Aguada de Cajón", mientras que hacia Neuquén el yacimiento petrolero "Centenario" de la empresa Pluspetrol. Se han encontrado sustancias hidrocarburíferas en las napas de toma de agua de una escuela, produciendo que el Estado deba proveer agua embotellada a los chicos y docentes para el consumo.

También tienen problemas con su planta depuradora cloacal y los constantes proyectos de barrios cerrados que no sólo agregan efluentes contaminantes que van directamente al río, sino que cierran impunemente el acceso a sus costas.

Para finalizar este cuadro de situación la Asamblea de Viedma Patagones, mostró las diferentes fuentes de contaminación: la planta de tratamiento de efluentes cloacales que desde noviembre del año pasado tira líquidos crudos por el colapso de la misma (aclarando que en estos efluentes se cuentan desechos orgánicos pero también de las industrias urbanas, de las cuales no hay registro apropiado) y los agroquímicos sin control que se utilizan en las chacras del IDEVI.

Se recibieron informes y adhesiones de Luis Beltrán, la Fundación ECOSUR, el grupo Tierras de Cipolletti, la red Alerta Angostura, y la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina.

En una conclusión general, todos coincidieron en que la cantidad de embalses y proyectos de futuras presas y plataformas productivas continuarán modificando el estado natural del río, con su consecuente contaminación. Junto con el proyecto de iniciativa popular se discutió la posibilidad de presentar nuevos amparos judiciales en forma individual.

Lunes 17 de Noviembre de 2008

http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/11/17/122688610285.php

EL 75% DE LA RESERVA HÍDRICA

Cristina vetó la ley de protección de los glaciares

Con un decreto, dejó sin efecto la norma que prohíbe actividades mineras o petroleras en los hielos.

En el texto del veto, la Presidenta sostiene que la prohibición puede "afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas". (DYN)

Si hay algo que Cristina Fernández de Kirchner disfruta cada vez que viaja a El Calafate es apreciar el Glaciar Perito Moreno. La mayoría de sus fines de semana los pasa recluida allí, con su marido. "Junto con las Cataratas de Iguazú, son los dos atractivos más importantes de la Argentina, hay que cuidarlos", se la escuchó decir hace unos días en Misiones. Sin embargo, cuando los compromisos apremian, el placer queda de lado. En una maniobra casi inesperada, la Presidenta decidió esta semana vetar la ley 26.418 de protección de los glaciares que el Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.

A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. Para dar un ejemplo, el Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros de longitud y más de sesenta metros de alto, una superficie similar a la de Capital Federal.

La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.

Sobre este tema, el geólogo Jorge Rabassa, experto del laboratorio de Geología del Cuaternario del Caddic-Ushuaia e investigador del Conicet, le explicó a Críticadigital que el veto "parece estar hecho a medida de las mineras. En especial las que extraen oro de los glaciares de alta montaña como Barrick Gold. Estas explotaciones traen contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riego es primordial como Mendoza, La Rioja y San Juan".

En ese sentido, Barrick Gold tiene dos proyectos millonarios para la extracción de oro de la Cordillera de Los Andes. Se trata de las excavaciones de Pascua Lama, compartida por San Juan y Chile, y en Famatina, La Rioja.

Según el texto del decreto-veto, la Secretaria de Minería dependiente del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, entiende que una ley Nacional "no puede fijar prohibiciones absolutas, sino establecer parámetros mínimos que las provincias cumplirán pudiendo determinar mayor rigidez aún, de acuerdo a su especial situación ambiental".

LOS FUNDAMENTOS DE LA LEY. La ex diputada Marta Maffei es la autora de la ley que Cristina desechó. Con espíritu docente, Maffei impulsó la norma desde el Bloque del SI (ex miembros de la Coalición Cívica) y se lamenta por esa decisión ante Críticadigital. "El Gobierno tiene una actitud perversa y creó un modelo productivo depredador. Por un lado firma los tratados internacionales sobre ecología, pero en lo concreto no protegen los recursos naturales del país".

El decreto presidencial argumenta que la ley vetada "podría afectar el desarrollo económico de las provincias afectadas, por la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas".

Pero Maffei explicó a este medio que "en los últimos 20 años, Argentina pasó de tener 4 a 60 mineras. Esta ley no prohíbe la minería, sólo pone límites a la explotación del agua de los glaciares".
La inciativa para proteger a los glaciares, incluido el Perito Moreno y los otros 354 que pertencen al Parque Nacional Los Glaciares, había sido aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, por unanimidad en Diputados y con sólo 3 oposiciones en el Senado. Ahora volverá al Palacio Legislativo para su nuevo tratamiento.

Sueño que asusta

Se­ñor Di­rec­tor:

"El 28 de octubre, en la premiación de un concurso arquitectónico, la Presidenta expresó: «Sueño con que la Reserva Ecológica de Costanera Sur deje de ser ese yuyal que es y se transforme en un gran pulmón verde como el Central Park, pero mucho mejor, porque está al lado del río».

"Señora Presidenta, le comento que la Reserva Ecológica es un espacio verde de 360 ha con características únicas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sus terrenos fueron ganados al río y rellenados artificialmente. Con los años se estableció espontáneamente una gran cantidad de especies vegetales típicas del Litoral y la ribera rioplatense, y fauna característica de las lagunas y bañados pampeanos. Es hábitat de al menos 250 especies de aves, variados mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. Está protegida como «Humedal de Importancia Internacional» en el marco de la Convención Ramsar, de la cual la Argentina es Estado Parte. La declaración de un humedal como Sitio Ramsar señala su importancia e implica un compromiso por parte del Estado de garantizar su preservación, mediante su uso sostenible en beneficio de la humanidad, resguardando las propiedades naturales del ecosistema.

"Señora Presidenta, su sueño asusta. Aunque no sorprende, ya que está en sintonía con la paupérrima gestión en materia ambiental de su gobierno."

Ana Di Pangracio
Abogada
DNI 28.231.864

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1065330&high=mis (8va nota)

"Realmente da miedo saber que este tipo de "personas" se encuentran en lo más alto del poder"

"Ojalá su sueño nunca se vuelva realidad"

GEA

Central Park - NY- EE.UU

VS

Costanera Sur BS.As (ARG)


VS
Central Park- NY-EE.UU

ALERTA RÍO DE LA PLATA !!!!!!

Crece la contaminación en el Río de la Plata y podría afectar la potabilización del agua

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de San Martín revela que los residuos tóxicos arrojados al Arroyo Medrano por empresas textiles y metalúrgicas de la zona norte del conurbano bonaerense están afectando seriamente al río. La contaminación está a menos de 1.000 metros de las tomas de agua de la planta potabilizadora de la zona metropolitana.

Por: Por Karina Deschamps. De la redacción de Clarín.com

El RECORRIDO, I PARTE. "El Arroyo Medrano contamina permanentemente la zona norte del conurbano bonaerense", señaló uno de los integrantes del equipo de monitoreo. (Clarín.com)

PROCESO. Los alumnos y especialistas filtran el agua tomada de las muestras y la analizan. (Foto: Gentileza de Iván Mantero-UNSAM)

CONTAMINANTES. Los principales son textiles y colorantes de metalmecánicas y metalúrgicas, ubicadas en su mayoría en Tres de Febrero, San Martín y San Isidro. (Foto: Gentileza de Iván Mantero-UNSAM)

Un equipo integrado por 40 profesionales (biólogos, químicos y físicos) de la Universidad Nacional de San Martín encabezó la semana pasada un recorrido (ver video, I Parte) desde el Puerto de Olivos hacia la desembocadura del Arroyo Medrano en el Río de la Plata , con el propósito de determinar cuáles son los contaminantes presentes en el agua. Acompañados por alumnos de la Maestría en Gestión Ambiental del 3iA -Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM-, realizaron una campaña de muestreo en dieciocho estaciones de monitoreo para analizar la calidad del agua de la cuenca que contamina permanentemente la zona norte del conurbano bonaerense: Olivos, San Isidro y San Fernando.

Según informó Daniel Cicerone, coordinador del Taller Ambiental, toda el área metropolitana tiene las tomas de agua en la franja costera sur del Río de la Plata, por lo que cuanto mayor es el grado de contaminación en la zona, más dificultoso es el proceso de potabilización que debe realizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A ( AySA). "Los contaminantes están entre los 500 y 1.000 metros de las tomas de agua de la planta potabilizadora. Eso implica un sobrecosto que se refleja en los impuestos que paga la gente, porque la contaminación generada en la cuenca alta del Arroyo Medrano no solo afecta la biota del ecosistema en su desembocadura del Río de la Plata, sino que también deteriora a este último como fuente de agua para el consumo humano", afirmó.

Los principales contaminantes son textiles y colorantes de metalmecánicas y metalúrgicas, ubicadas en su mayoría en Tres de Febrero, San Martín y San Isidro. Lo más grave –sostiene Cicerone- son los residuos cloacales que, debido a las conexiones clandestinas y filtraciones que hay en los caños, se conectan con el Arroyo Medrano, que es el " tercer responsable de la contaminación del Río de la Plata" , luego del Riachuelo y el Luján Reconquista.

Durante casi dos meses, los alumnos llevaron a cabo las distintas actividades requeridas por el Plan de Muestreo, incluyendo la toma de muestra, el filtrado, la medición de pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, disco secchi, alcalinidad y dureza, nitrato, nitrito, amonio y fósforo, y los metales: hierro, cromo y cobre. (Ver video, II Parte).

De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio (Ver mapa), la calidad del agua del Río de la Plata disminuye hacia la desembocadura del Arroyo Medrano, conservando sólo el 50 % de su calidad habitual (en ausencia de contaminación). A su vez, los contaminantes del arroyo viran hacia el sur, ingresando en el Club Universitario Buenos Aires, que resultó ser el sitio de monitoreo con más baja calidad de agua (32 %). De acuerdo al informe, la disminución de la calidad puede atribuirse fundamentalmente a la presencia de amonio y nitrito, y algunos metales como cromo y cobre. "Estamos pagando indirectamente a través de los impuestos las consecuencias de la contaminación que nosotros mismos generamos", remarcó Cicerone.

http://www.clarin.com/diario/2008/11/01/um/m-01793133.htm

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Manual De Autoconstrucción De Sistemas De Tratamiento De Aguas Residuales Domiciliarias:Una Alternativa Sencilla Para Proteger El Medio Ambiente.

Descargar Video (130 Mb)

Dr. Alejandro Mariñelarena

Las aguas residuales domiciliarias son, cuantitativamente, la principal causa de contaminación de los recursos acuáticos superficiales y subterráneos. Las redes de alcantarillado reúnen los líquidos de miles o millones de personas y los vuelcan en un punto, muchas veces con poco o ningún tratamiento, causando un gran impacto en ríos o lagos. En las zonas sin cloacas se usa la tecnología del pozo absorbente o pozo ciego, que vuelca los líquidos sépticos casi directamente al nivel freático y, cuando éste está alto, se derivan a las zanjas pluviales de la vía pública, generando un ambiente insalubre y antiestético.

El "Manual de autoconstrucción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domiciliarias", propone una solución tecnológica alternativa para el tratamiento de las aguas domiciliarias "in situ", que permite mejorar la situación actual.

El trabajo analiza la problemática ambiental de las zonas sin cloacas y los riesgos que implica el vuelco de líquidos crudos en las capas freáticas o en los cursos superficiales. Propone una tecnología sencilla, eficiente y muy probada, denominada "Terreno de infiltración", para reemplazar al pozo ciego. Esta consiste en una cámara séptica que retiene y digiere los sólidos orgánicos de las aguas servidas. Luego, un terreno poroso y el suelo filtran las partículas menores y los microorganismos patógenos. La flora bacteriana del suelo absorbe y digiere los contaminantes disueltos. De esta forma, el agua se incorpora purificada a los niveles freáticos. Además de explicar los fundamentos teóricos del funcionamiento, se dan indicaciones claras para evaluar la capacidad del suelo (test de infiltración), para dimensionar el sistema, para su construcción y mantenimiento.

El método propuesto apunta al tratamiento de las aguas domiciliarias "in situ", en zonas suburbanas o semi-rurales donde normalmente no hay servicio de cloacas y las parcelas tienen algo de espacio libre.

El manual va acompañado de un audiovisual de 12 minutos, que ilustra el problema a resolver y los aspectos constructivos del tratamiento.

Ha sido desarrollado como parte del proyecto PNUD-GEF-FREPLATA. Su descarga y difusión es gratuita, pero no puede ser usado con fines comerciales.

©2005 ILPLA - Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet"Av. Calchaqui Km. 23,5 TEL: 011-4275-8564 / FAX: 011-4275-7799

A Desinformarse! No al Dique los Monos!

http://www.noaldiquelosmonos.blogspot.com/

Los recursos naturales de nuestro país están siendo saqueados y contaminados por multinacionales y grandes capitales nacionales.
Todo esto con la complicidad y apoyo de los gobernantes.

La belleza de la Patagonia no es lejana a esta amenaza. Mientras nosotr@s estamos al tanto de las noticias "imprescindibles" que difunden los medios, se privatiza y contamina el agua (lagos, ríos, arroyos) fuente de vida de comunidades indigenas y pueblos. Todo esto para abastecer petroleras y mineras multinacionales que explotan los recursos que les brinda nuestra tierra.

Un ejemplo claro del avance de la capitalización de la naturaleza es " El dique los monos" que pretende explotación, contaminación y miseria. En el medio, están las personas y el ambiente. Así surge la enfermedad, la exclusión, la explotación, el desalojo de las comunidades y la destrucción y apropiación de los recursos naturales

Desinformate de los medios y enterate! metete en el blog de las personas del pueblo que atacará directamente este dique y difundilo!

¡el agua no se vende!

Transparencia y lucha para un futuro más justo y libre

LOS NIÑOS FUMIGADOS DE LA SOJA

Quien sabe que se comete un crimen y no lo denuncia es un cómplice
José Martí

El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida.
CHICOS ROCIADOS CON PESTICIDAS TRABAJAN COMO BANDERAS HUMANAS

'A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza'.

Gentileza de Arturo Avellaneda mailto:arturavellaneda@%20msn.com

LOS NIÑOS FUMIGADOS DE LA SOJA

Argentina / Norte de la provincia de Santa Fe
Diario La Capital
Las Petacas, Santa Fe,
29 septiembre 2006
El viejo territorio de La Forestal, la empresa inglesa que arrasó con el quebracho colorado, embolsó millones de libras esterlinas en ganancias, convirtió bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos en el agujero negro de la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones nacionales, provinciales y regionales durante más de ochenta años.
Las Petacas se llama el exacto escenario del segundo estado argentino donde los pibes son usados como señales para fumigar.
Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como postes, como banderas humanas y luego serán reemplazados por otros.
'Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama 'esquinero'.
Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar donde pasó el 'mosquito', desde el punto del medio de la máquina y pararse allí', dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad.
El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida.
Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar..
Los rocían con 'Randap' y a veces '2-4 D' (herbicidas usados sobre todo para cultivar soja). También tiran insecticidas y mata yuyos.
Tienen un olor fuertísimo.
'A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos moja toda la cara', describe el niño señal, el pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino.
No hay protección de ningún tipo.
Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que 'va más lerdo', dice uno de los chicos.
'Con el 'mosquito' hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita. A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor', agregan los entrevistados.
Uno de los chicos dice que sabe que esos líquidos le puede hacer mal: 'Que tengamos cáncer', ejemplifica. 'Hace tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la cabeza.
A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza', dicen las voces de los pibes envenenados.
-Nos buscan dos productores.
Cada uno tiene su gente, pero algunos no porque usan banderillero satelital.
Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por día.
No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados.
A mí me dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso', remarcan los niños.
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, contó. 'No tenemos otra opción. Necesitamos hacer cualquier trabajo', dice el papá cuando intenta explicar por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas.
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente habían emplazado al presidente comunal Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos.
No hubo avances.
Los pibes siguen de banderas.
Es en Las Petacas, norte profundo santafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los continuadores de La Forestal.
Fuente: Diario La Capital, Rosario, Argentina

Jujuy podría prohibir la minería a cielo abierto

Tilcara, 17 de julio de 2008
Información de prensa
Se ruega su difusión



Jujuy podría prohibir la minería a cielo abierto


Santiago Seillant – seillant@gmail.com
Gaby Tijman – gtijman@gmail.com

A partir del rechazo de explotaciones de uranio en la Quebrada de Humahuaca, encabezado por comunidades originarias y vecinos de la región, la legislatura provincial analiza proyectos para limitar e incluso prohibir la minería a cielo abierto en toda la provincia. Sin embargo, el gobernador Walter Barrionuevo, aprobó recientemente un importante plan minero para todo Jujuy. Las voces de oposición llegan de todas las regiones, desde las yungas a la puna. Tilcara hizo punta con una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de explotaciones en todo el departamento, centro geográfico de la Quebrada de Humahuaca.


La espera en la Quebrada de Humahuaca no es pasiva. Recién el 10 de agosto se vence el plazo legal para que la jueza de Minas decida la suspensión del trámite iniciado a partir de los pedimentos de explotación de uranio en Juella y Yacoraite. Hasta entonces, pareciera que no hay mucho que hacer. Sin embargo, las comunidades de pueblos originarios de la región, junto a los vecinos de las localidades involucradas y algunos funcionarios locales, están en movimiento.
El miércoles último, en San Salvador de Jujuy, se realizaron dos importantes reuniones.
En la primera, miembros de la comunidad de Juella, acompañados por el intendente de Tilcara, Félix Pérez, y el presidente del Concejo Deliberante del mismo departamento, Luis Aquino, visitaron a los diputados Pablo Baca –titular de la comisión de Ecología de la legislatura provincia–, Jorge Rizotti, Carlos Toconás y Carlos Oheler.
Allí les expusieron la inquietud de la población de la Quebrada por la instalación de una mina de uranio a cielo abierto, un reclamo que ya tuvo su reflejo institucional en la Ordenanza 13/08, aprobada por unanimidad por el Concejo de Tilcara el 8 de julio, en la que se prohíbe “la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos” en toda la jurisdicción de la Municipalidad de Tilcara.
El diputado Baca informó que impulsará una legislación en el mismo sentido y se comprometió a incorporar al expediente los aportes de todos los sectores que quieran intervenir en el debate. Además, recordó que la Comisión de Ecología de la Legislatura envió un pedido de informes a las autoridades provinciales para conocer el estado de los pedimentos y explotaciones mineras, el cual aún no fue respondido. Baca afirmó que existe voluntad en el cuerpo legislativo de limitar la actividad minera en la provincia, para “evitar nuevos conflictos y situaciones que pongan en riesgo el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, o afecten la sustentabilidad de comunidades que desde tiempos ancestrales sostienen formas propias de desarrollo económico que se verían amenazadas por la minería”.
En la segunda reunión, presidida por el diputado Baca, estuvieron representantes de comunidades indígenas de Cangrejillos, Hornaditas y otros lugares de la Quebrada y la Puna, acompañados por Walter Llampa, presidente de la Comisión Municipal de Huacalera (localidad ubicada a unos 15 km al norte de Tilcara, y perteneciente al mismo departamento). Llampa llevó consigo la resolución del 10 de julio, adoptada por decisión unánime de los vocales que componen la comisión, por la cual se rechaza “terminantemente la explotación del mineral uranio” en su jurisdicción, dentro de la cual se ubica la zona conocida como Yacoraite, afectada también por el pedido de la empresa Uranio del Sur S.A.


Antecedentes

El 17 de junio pasado se inició un expediente en el Juzgado Administrativo de Minas de la provincia de Jujuy, a partir de la solicitud de la empresa Uranio del Sur S.A., para comenzar tareas de cateo en casi 10 mil hectáreas en jurisdicción del departamento de Tilcara, en vistas a la explotación de uranio.
A partir de ese momento, se fue difundiendo el tema de a poco y a través de rumores, hasta que pobladores de la localidad de Juella alertaron sobre la presencia de personas en camionetas con el logo de Uranio del Sur. La comisión vecinal de Juella inició una serie de reuniones y encuentros, en los que se informó a la gente sobre los peligros de este tipo de explotaciones. Hubo también reuniones en la escuela de Juella, donde incluso se proyectaron documentales sobre el tema.
Los primeros días de julio se convocó a reunir firmas en contra del emprendimiento y se inició una serie de acciones de difusión a nivel local y nacional para llamar la atención de las autoridades.
El jueves 10 de julio se realizó una importante movilización. Pobladores de Juella recorrieron a pie los más de seis kilómetros que separan a esa localidad del pueblo de Tilcara. Estaba prevista una reunión con funcionarios provinciales, y la convocatoria sumó a los vecinos, las escuelas y otras organizaciones. Vecinos, representantes de comunidades originarias de diversos puntos de la provincia y organizaciones de base juntaron a más de mil personas en la plaza central, frente al Salón Municipal, donde se había organizado la reunión.
A Tilcara llegaron: el secretario de Turismo y Cultura, Jorge Noceti; el Director Provincial de Minería, Martín Sánchez; la Jueza Administrativa de Minas, María Cristina Lucas de Durruty, y el Director Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia, Miguel Thomann. El intendente de Tilcara, Félix Pérez, y concejales locales, participaron de la movilización.
El encuentro no se realizó dentro del Salón Municipal, debido a la gran cantidad de gente presente. En cambio, se montó un sistema de sonido en la calle, desde donde los funcionarios hablaron y escucharon los reclamos.
Los medios provinciales reflejaron de manera exagerada los “incidentes” ocurridos ese día. Los vecinos reclamaban, de parte de los funcionarios, un compromiso por escrito de que se frenaría el trámite iniciado por Uranio del Sur. Los funcionarios, por su parte, intentaban explicar cuestiones referidas al marco legal y a los tiempos jurídicos, y manifestaban una cierta voluntad de resolver el conflicto, aunque sin definiciones concretas.
La tensión fue aumentando ante la falta de respuestas.
Finalmente, se rubricó la siguiente acta:
“En la ciudad de Tilcara, a los 10 días del mes de julio de 2008, se reúnen el señor intendente de dicha ciudad, Sr. Félix Pérez, los señores concejales de Tilcara, el Secretario de Turismo y Cultura de la Provincia, Dr. Jorge Noceti, el Director Provincial de Minería, Dr. Martín Sánchez, la Jueza Administrativa de Minas Dra. María Cristina Lucas de Durruty, y el Director Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia, Ing. Miguel Thomann, a pedido de las comunidades de diferentes regiones de la Provincia, reunidas en esta ciudad como consecuencia de dos expedientes iniciados en el Juzgado Administrativo de Minas para obtener permisos de exploración de minerales de primera y segunda categoría en el área de la Quebrada de Humahuaca. Luego de un intercambio de ideas, en atención a los antecedentes del caso, el texto de la Ordenanza Nº 13/08 y el Decreto Municipal 180/08, se acuerda suspender totalmente la tramitación de los expedientes mencionados, para lo cual la Jueza Administrativa de Minas dictará las providencias que correspondan en los trámites referidos. Se firman cinco ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto en el lugar y fecha antes indicada.”
Este texto fue firmado por Pérez, Noceti y concejales locales. La jueza, por su parte, firmó un párrafo adicionado por ella de puño y letra:
“Ante la solicitud de suspensión de trámites formulada precedentemente por los funcionarios provinciales y municipales citados precedente se recibe el documento haciéndose saber que se dictarán las medidas correspondientes en los plazos legales correspondientes.”
Al escribir “los plazos legales correspondientes”, la jueza se refiere a los 30 días que tiene para estudiar el pedido de suspensión del trámite. Por lo tanto, el 10 de agosto próximo deberá tener una decisión tomada al respecto.


Contexto

Uranio del Sur SA es una subsidiaria de la empresa Uranio AG (http://uranio.ch) con sede en Basel, Suiza, fundada en diciembre de 2006. El accionista mayoritario de Uranio AG es la minera canadiense Rome Resources Ltd. (http://romermr.com/site/), con sede en Vancouver, Columbia Británica, fundada en 1990.
Uranio AG tiene 22 concesiones mineras en La Rioja y San Luis, en un total de 171.000 hectáreas.
La prospección y exploración de uranio está prohibida en el estado canadiense de Columbia Británica.

El departamento de Tilcara se extiende a lo largo de unos 40 kilómetros, en el centro geográfico de la Quebrada de Humahauca.
Los pedimentos de la empresa Uranio del Sur están referidos a terrenos pertenecientes a la localidad de Juella (ubicada a 6 kilómetros al norte de Tilcara) y a la zona conocida como la Quebrada de Yacoraite (ubicada a unos 10 kilómetros al norte de Tilcara), ambos sitios pertenecientes al departamento de Tilcara.

La Quebrada de Humahuaca fue declarada Paisaje Natural y Cultural por la UNESCO en 2003, sumándose así a la lista de Patrimonio de la Humanidad. Esta declaración no tiene fuerza legal. Es decir: si el gobierno provincial autoriza la explotación minera a cielo abierto en la región, la UNESCO no puede impedirlo; simplemente, retiraría el estatus de Patrimonio.
En la reunión realizada el 10 de julio en Tilcara, el secretario de Turismo y Cultura de la Provincia, Jorge Noceti, informó que hará las consultas correspondientes ante la UNESCO para conocer el alcance de las limitaciones que el protocolo de Patrimonio establece para este tipo de emprendimientos.




Contactos en Tilcara:


Gaby Tijman: 0388-15-4032-989

Armando Alvarez: 0388-15-5846-020

Pablo Mercoli: 0387-15-4505-583

Santiago Seillant: 011-15-6219-7527

Museo Ambiental Itinerante

Demolerán el terraplén en los Esteros del Iberá

HISTÓRICO: LA JUSTICIA ORDENÓ DEMOLER TERRAPLÉN EN LOS ESTEROS DEL IBERÁ
• En un fallo sin precedentes, la Justicia ordenó demoler en 30 días un terraplén construido en medio de los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes de Argentina y el mundo.• La demanda fue iniciada por pobladores locales, cuando el terraplén tenía sólo 1,5 km –hoy cuenta con más de 20 km de longitud. • Cuestionan el accionar del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).

El terraplén en Iberá es sólo una de varias obras cuestionadas.
Corrientes, Argentina, 29 febrero 2008.- En un fallo “ejemplar” que ha agotado todas las instancias, la Justicia del Estado provincial ordenó a la firma ex Forestal Andina -ahora denominada Estancias San Eugenio, demoler un terraplén ilegal construido por la empresa en medio de los Esteros del Iberá. En materia ambiental el fallo del Superior Tribunal de Justicia es inédito y ahora será tomado y analizado como precedente por los especialistas.
“Es un fallo ejemplar en el país en materia ambiental porque ha agotado todas las instancias judiciales”, subrayó el diario El Libertador en la capital de Corrientes, una de las provincias del nordeste argentino. Los Esteros del Iberá, un humedal de agua dulce de aproximadamente 1.400.000 hectáreas, ubicado en la provincia de Corrientes, está considerado como uno de los ecosistemas de agua dulce más importantes del planeta. También es un excepcional reservorio de biodiversidad y un refugio para especies amenazadas de extinción, además de constituir uno de los sitios de atracción turística entre los de mayor potencial de la Argentina.
En los últimos años, arroceras a gran escala y forestación con monocultivos de especies exóticas avanzaron sobre lomas y malezales, sobre todo en la periferia del sistema –donde el uso tradicional era la ganadería extensiva. Los expertos coinciden en que la ocupación del Iberá se está haciendo de una forma que no responde a instancia alguna de planificación territorial, ni a la importancia del sistema como área prioritaria de conservación para el país.
La construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, también dentro del Iberá y que proveerá agua a grandes arroceras, es otra de las obras que son sumamente cuestionadas.

RECLAMO DE UN POBLADOR

A menos de una semana que la representante legal de Bruno Leiva, Patricia Mc Cormack, hubo presentado la contestación al recurso extraordinario interpuesto por la firma ex Forestal Andina -ahora denominada Estancias San Eugenio, para salvar el terraplén construido en el paraje Yahaveré, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó sentencia firme. Resolvió declarar “inadmisible” dicho recurso y confirmó la resolución de la Cámara de Apelaciones que ordenó “demoler la obra nociva para el medio ambiente”.
Cabe recordar que Bruno Leiva, poblador del Paraje Yahaveré, le inició demanda a la firma ganadera cuando la obra apenas tenía un kilómetro y medio de extensión. En mayo de 2006, el Juzgado Nº12 resolvió la destrucción de la obra posterior al kilómetro y medio edificado y el inicio del proceso para conseguir la declaración de impacto ambiental de esos 1.500 metros, que de no hacerlo también debía ser derribado.
No sólo no se inició el proceso indicado por este Juzgado en primera instancia, sino que no se paró la construcción, que hoy consta de más de 20 kilómetros de extensión.
En segunda instancia, la Cámara de Apelaciones coincidió en que la construcción debía ser destruida por ser nociva para el medio ambiente, ya que impide el normal escurrimiento de las aguas en el Iberá. Sin embargo, la ex Forestal Andina decidió llevar la causa al máximo órgano de Justicia de la Provincia, argumentando que la destrucción generaría aún más impacto ambiental que la mantención de la obra, entre otros fundamentos.
Así se llegó al fallo Nº151, de noviembre del año pasado, en el que el Superior Tribunal de Justicia rechaza el “recurso de inaplicabilidad de ley” presentado por la firma ganadera que pretendía ir a la Corte Suprema de Justicia para evitar la demolición de la obra.
En esa oportunidad, los magistrados dejan en claro que uno de los argumentos principales que sustentaron la sentencia alude a la “desobediencia” de la demandada a la medida judicial de primera instancia que ya en 2006 ordenaba el cese del daño ambiental.
Por consiguiente, especificaron que es imposible permitir la continuidad de la obra en base a un hecho ilícito. “Un delito comprobado no puede rendir frutos”, dice uno de los párrafos.
Ante esta situación, Forestal presentó un recurso extraordinario federal para que el STJ le permita llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con el fallo Nº26 expedido con fecha de ayer, que lleva la firmas de los ministros del máximo órgano judicial de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Eduardo Farizano, quedó descartado.
En este fallo, se entiende además que “en la sentencia sometida a impugnación se han resuelto cuestiones de hecho y de derecho procesal que son propias de los tribunales provinciales y como principio ajenas al ámbito de la impugnación federal”.
Con ese argumento no se da lugar al recurso y según indicó Mc Cormack, a la empresa demandada sólo le queda la presentación de un “recurso en queja”, que igualmente no suspende el trámite que implica la devolución de la causa al Juzgado de Primera Instancia para que a partir de allí empiecen a correr los 30 días para la demolición del terraplén.
La representante legal de Bruno Leiva indicó que este trámite tardaría entre 8 y 10 días y, mientras tanto, se piensa presentar un proyecto para sugerir al juez de turno el modo en que se debería proceder para derribar la obra y que esta acción “genere el menor daño posible”, para recomponer el ambiente al estado lo más natural que se pueda.
Es casi un hecho que Forestal no destruirá el terraplén por su cuenta en los 30 días de plazo, entonces deberá ser el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) quien se haga cargo.

ACCIONAR DEL ICAA CUESTIONADO

En el marco de la demanda realizada por el poblador de Paraje Yahaveré a Forestal Andina, en diciembre del año pasado el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), cuyo titular es el ingeniero Mario Rujana, presentó una nota al STJ explicando que se estaba avanzando con el trámite administrativo para otorgarle la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la empresa Forestal Andina sobre el terraplén. Esto significa que, pesándole tres resoluciones en contra, la firma recién inició el proceso de estudio de impacto ambiental que se había solicitado en primera instancia y que debería haber quedado suspendido con el fallo de la Cámara de Apelaciones.
En este sentido, Mc Cormack hizo notar el “incumplimiento en los deberes de funcionario público” en el que ha incurrido el titular del ICAA, ingeniero Rujana, que de ninguna manera debió avanzar con el proceso hasta que se definiera el juicio. Asimismo en febrero el ICAA presentó otra nota a la Justicia en la que hacía saber que Forestal Andina pedía que se fije fecha de Audiencia Pública, que es el paso previo para otorgar la DIA –consigna el diario correntino en su edición de hoy.
En este contexto el STJ ordenó que se desglose del expediente estas notas que a esa altura resultaba irrelevante. La firma, a esto, presentó un recurso de revocatoria para que estos escritos no sean apartados de la causa a lo que el máximo órgano respondió con el fallo Nº25, también el día de ayer en la que resolvió “rechazar el recurso de revocatoria”.
“Con idas y venidas, y una seguidilla de notas del ICAA y presentaciones de recursos de Forestal Andina con el firme intento de salvar el terraplén, finalmente la sentencia del Superior Tribunal está firme y se vislumbra el fin del conflicto que hizo famoso al paraje Yahaveré en Concepción”, detalló el matutino.
Se trata del último y un “ejemplar” fallo que ha agotado todas las instancias. En materia ambiental es inédito y ahora será tomado y analizado como precedente por los especialistas en estos casos.

AUSENCIA REGLAMENTARIA

Como ejemplo de la ausencia reglamentaria en el Iberá, las carencias en cuanto a planes de conservación y la falta de manejo de las áreas protegidas, basta mencionar que los límites de la Reserva Natural del Iberá, de aproximadamente 1,3 millones de hectáreas, creada por ley provincial, nunca llegaron a precisarse. Tampoco hubo ningún tipo de zonificación para administrar el uso del territorio en manos de los propietarios de tierras. Otra norma, del año 1996, había dado por creado el “Parque Provincial del Iberá”, pero su tamaño, forma y delimitación aún espera concreción. Dicha ley anunciaba su delimitación dentro del año próximo a la promulgación –cita información de El Paranaense.
Ocupando parte del antiguo cauce principal del río Paraná, que hoy fluye alejado y desconectado del Iberá, al menos superficialmente, el complejo de humedales del Iberá capta las aguas de origen pluvial en su cuenca y las deriva al cauce actual del Paraná a través del río Corriente. La gran extensión de territorio anegado, una de las mayores del país, ha constituido una importante barrera para el avance de la expansión agrícola, de modo que el paisaje y la diversidad biológica ha permanecido poco alterados hasta las últimas décadas del siglo XX.
El sistema del Iberá se constituye en un importante reservorio de especies amenazadas de extinción, como el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), que posee aquí la mayor población en el país; el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), con uno de los cuatro últimos relictos de la Argentina; el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus); el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) o el pato crestudo (Sarkidiornis melanotos), entre las más notables. También se dan endemismos de varias especies de plantas y peces. Los vertebrados mayores suman unas 500 especies, lo que representa el 25% del total del país y es un indicador de la excepcional diversidad.
Dentro de los esteros se encuentra el Sitio Ramsar Lagunas y Esteros del Iberá, designado en 2002, que ocupa una superficie de 24.550 hectáreas. La laguna de Iberá es el principal espejo de agua del sitio Ramsar que protege bajo la categoría de “humedal de importancia internacional” menos del 2% del gigantesco humedal.
Fuentes: Diario El Libertador, Corrientes, Argentina / Portal El Paranaense /

Prensa Proteger http://www.proteger.org.ar/

SALVEMOS LA LAGUNA SANTA CATALINA

Visiten la página: http://www.naturalezaxelfuturo.com.ar/

Denuncian que se venderá una laguna para instalar un basural

















FOTO Es el último reducto con rasgo rural del conurbano bonarense Foto: Libro Historia y Naturaleza de Santa Catalina
Por Pablo Morosi De la Corresponsalía La Plata

LA PLATA.- La inminente venta de una importante fracción de un predio ubicado en Lomas de Zamora, propiedad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a una empresa dedicada a la recolección de residuos, puso en alerta a los vecinos, que temen que el lugar, uno de los últimos reductos con rasgo rural y reserva natural del sur del conurbano, se convierta en un relleno sanitario.
Se trata del sitio conocido como Santa Catalina, de unas 700 hectáreas, de las cuales la UNLP puso a la venta 307. Según confirmó el presidente de la casa de altos estudios platense, Gustavo Azpiazu, el comprador, por un monto de 32 millones de pesos, es la empresa Covelia SA, dedicada a la recolección de residuos sólidos urbanos en Lomas de Zamora y en otros cinco distritos del Gran Buenos Aires.
Vecinos y ambientalistas, reunidos bajo la consigna "salvemos a Santa Catalina", se manifestaron frente a la Municipalidad para rechazar un posible cambio de zonificación que permitiría la utilización del lugar para operar un emprendimiento vinculado a los residuos. No obstante, hasta el momento no existe tal iniciativa.
Anoche, fuentes del gobierno bonaerense reconocieron que se estudia la localización de un relleno o una planta de transferencia en esa zona aunque, aclararon, aún no hay definiciones al respecto.
En el municipio, el secretario del área de Ambiente, Pablo Da Rosa, admitió que se estudia la posibilidad de un centro de tratamiento de basura con tecnología de punta. Puso como ejemplos similares el de las plantas de procesamiento de las ciudades de Milán, en Italia, y de Boston, en los Estados Unidos. Sin embargo, el funcionario desmintió que se piense en instalar una planta de disposición final de residuos.
Da Rosa dijo que, como en muchos otros casos, la firma Covelia SA, llevó un proyecto que está en estudio. En la empresa prefirieron el silencio y no respondieron a las consultas de LA NACION remitidas por correo electrónico a una dirección de la firma, según su propia solicitud. Covelia es una firma con sede en la Capital que presta servicios en Lomas de Zamora, San Miguel, Merlo, Lanús, San Martín y Escobar. Sus accionistas son un verdadero misterio y suelen atribuírsele vínculos con el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano.
"Cualquier tipo de emprendimiento relacionado con la basura implicará un impacto irreversible", dijo Alejandro De Magistris, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), que encabezó la protesta.

Plan de infraestructura
En diálogo con LA NACION, el presidente de la UNLP dijo que la venta de la zona más baja de Santa Catalina permitirá a esa institución llevar adelante un ambicioso plan de infraestructura. "Determinar el uso que se le dará al lugar es un problema de la municipalidad, no nuestro", se excusó Azpiazu.
Otra de las estrategias de los vecinos es intentar que el predio sea declarado "reserva natural" para limitar su uso. El diputado provincial de la Coalición Cívica Walter Martello presentó un proyecto en ese sentido.
El predio de Santa Catalina tiene una amplia variedad de ambientes, tales como relictos de talar, pastizal pampeano, matorral de chilcas, laguna y bajos aledaños. También tiene la laguna de Santa Catalina, de unas 25 hectáreas. Sus caminos y senderos son recorridos por estudiantes, investigadores universitarios y por vecinos que buscan un momento de contacto con un ambiente natural.
Allí funcionan el Instituto Fitotécnico Santa Catalina (UNLP), el Centro de Educación Agrícola Provincial y un tambo que depende la UNLP, entre otros.
Este espacio verde fue declarado "sitio histórico nacional" en 1961. Allí subsiste parte de una estancia y colonia de granjeros escoceses que tiene casi dos siglos de historia agropecuaria desde en 1825.



-Editorial La Nación-